Sindicatos, colectivos sanitarios y asociaciones vecinales han llevado ante el Defensor del Pueblo sus críticas por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la pandemia del covid-19. “Estamos sufriendo sin duda el mayor ataque a nuestra salud, tanto individual como colectiva de toda nuestra historia reciente”, afirman estas organizaciones, que han pedido la “intervención” de este órgano para revisar, entre otras cosas, el “coste y funcionamiento” del hospital Isabel Zendal, así como “la contratación de entidades privadas” para la campaña de vacunación.
Tal y como exponen en un comunicado, el coronavirus está provocando en la región “un número muy elevado de muertes por causa directa del virus, y otras más como consecuencia de la falta de seguimiento correcto de otros procesos de enfermedad que las ciudadanas y ciudadanos padecemos y que no se atienden con la debida prontitud”. Ante esto reclaman que se actúe “con celeridad, eficacia y tomando siempre medidas en aras del interés general, que ahora no es otro que preservar nuestra salud”.
“Una mayoría de la ciudadanía madrileña pensamos que el Gobierno de Ayuso no está gestionando la pandemia con esos criterios”, afirman estas organizaciones. En su opinión, la crisis sanitaria “está sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que los estados están aportando para intentar acabar con esta tragedia colectiva”.
Una “derivación de dinero público al sector privado” que está debilitando a los centros sanitarios. Y lo está haciendo, denuncian, “mediante la realización de obras absolutamente innecesarias y muy costosas, con el “ejemplo más evidente” del Isabel Zendal. La otra de las maneras “es hacer dejación de las funciones que tienen que realizar los centros sanitarios y remitir esas actividades al sector privado”. “Aquí tenemos como ejemplo muy grave la puesta en marcha del Plan de Vacunación”, detallan.
“Si la construcción del Zendal, sanitariamente hablando, es indefendible habiendo camas cerradas en nuestros hospitales públicos, la negligencia y dejación de funciones en relación a la vacunación es más grave aún”, aseguran, “ya que supone que el Gobierno de Ayuso y Aguado deja en manos privadas la ejecución de la medida más trascendental para conseguir la inmunización de la población, perdiendo el control de la campaña”.
Por todo esto, sindicatos y colectivos sanitarios solicitan que el Defensor del Pueblo intervenga “para revisar la gestión de la pandemia que está realizando el gobierno regional”. En concreto, detallan, en lo relativo “al coste y funcionamiento” del hospital de pandemias, sobre “la derivación obligada de pacientes y personal sanitario” desde otros centros, la contratación de entidades privadas para la vacunación, además de la contratación “insuficiente” de personal sanitario y no sanitario para el funcionamiento de la Atención Primaria.
También la intervención en la supervisión del destino de los fondos especiales que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad para el combate del covid, “instando” al Ejecutivo de Pedro Sánchez “a que proceda a controlar el dinero que se entrega” a esta región.
Entre las reivindicaciones de estas organizaciones está que la campaña de vacunación la realicen los profesionales de la Sanidad Pública Madrileña y no entidades privadas, o que la Consejería de Sanidad “habilite los recursos humanos imprescindibles” para que los centros de salud “puedan desempeñar su labor presencialmente y con garantías de calidad”.
