Peritos informáticos ratifican que la contabilidad ‘b’ que entregó Bárcenas al juez en un pendrive no estaba manipulada

Luis Bárcenas, extesorero del PP

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Dos peritos de la Unidad Central de Criminalística de la Policía Nacional han afirmado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que los archivos que entregó el extesorero del PP Luis Bárcenas al entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, en un ‘pendrive’ con la supuesta contabilidad ‘b’ de la formación política no estaban manipulados.

Los expertos informáticos han comparecido este miércoles en la vista oral en calidad de testigo-peritos –uno de ellos por videoconferencia– y han ratificado ante el tribunal los dos informes que elaboraron en 2013 sobre los dispositivos electrónicos que Bárcenas entregó al Juzgado Central de Instrucción número 5 en la declaración que prestó en julio de ese año.

Uno de ellos era una memoria ‘USB’ del que se analizaron 13 archivos, entre los que se encontraba la presunta contabilidad paralela del PP entre los años 1993 y 1996. Los peritos concluyeron en su informe que las hojas de cálculo donde Bárcenas anotó entradas y salidas de la caja ‘b’ habían sido creados y modificados en esas fechas.

Y esto mismo han manifestado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal: que «no aparecen manipulados con posterioridad». Además, han apuntado que el «sistema operativo con el que se realizaron (los documentos) corresponde con la versión vigente a la época».

A preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral sobre si los ficheros corresponden a la «realidad de lo que acontece en el tiempo» que aparece registrado, los expertos de la Policía han indicado que no han encontrado «ninguna discrepancia» que confirme una «situación diferente».

TRES ARCHIVOS QUE «LLAMAN LA ATENCIÓN»

No obstante, han señalado que tres de los archivos analizados sí contienen asientos contables correspondientes a meses posteriores a la fecha de su última modificación, si bien no considera que esto sea una señal de alteración.

Así, preguntados por el abogado del PP, Jesús Santos, que trata de desacreditar la veracidad de las anotaciones de Bárcenas sobre la contabilidad opaca del partido, sobre si estos documentos pueden «poner de manifiesto que el ‘pendrive’ estaba manipulado», el perito que ha tomado la palabra para explicar a la Sala las conclusiones de sus informes ha afirmado rotundamente que «no, en absoluto».

«Nos parece llamativo que alguien feche un documento en un determinado momento y en él haga referencia a meses posteriores. No sé si es una previsión de algo», ha explicado este experto informático, que ha añadido que «desconoce» la interpretación de a estas anotaciones y que sería su autor el que podría dar una explicación.

También ha comparecido el que fuera jefe de la Unidad Central de Auditoría Informática que prestó servicios en el Ministerio Público, que ha expuesto al tribunal unas conclusiones similares. Ha relatado que él hizo un listado de los ficheros que contenía el ‘pendrive’ de Bárcenas y que comprobó, a través de los metadatos y sin entrar a analizar los archivos, que existía una concordancia entre las fechas de creación de los documentos y las que se indica en los mismos.

DEBATE ENTRE HACIENDA Y PERITOS DE PARTE

Por otro lado, gran parte de la sesión de este miércoles se ha centrado en el debate que han mantenido los inspectores de la Agencia Tributaria y los peritos de parte sobre la supuesta defraudación fiscal cometida por Unifica, empresa que realizó las obras de la sede del PP.

Una de las representante de Hacienda ha explicado que del análisis de la facturación por parte de Unifica, de la documentación requerida al PP por las obras y de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde aparecen contabilizadas entregas a uno de los socios de esta empresa, Gonzalo Urquijo, se ha comprobado que existen ingresos que no han sido tributados correctamente.

Ha apostillado que, por ejemplo, se constató en 2006 –ejercicio por el que Anticorrupción no acusa a Unifica al considerar que está prescrito, a diferencia de algunas acusaciones populares– que afloraron unos 750.000 euros que corresponden a la diferencia entre dos certificaciones finales de obra –documento que sirve de base para facturar los trabajos realizados– correspondientes a la reforma de la planta baja de la sede en la calle Génova de Madrid.

Cabe recordar que los investigadores de la UDEF que han analizado la presunta caja ‘b’ del PP, encabezados por el inspector Manuel Morocho, afirmaron ante el tribunal que Unifica facturó al PP por el importe inferior contemplado en ambas certificaciones y que el partido abonó la diferencia en negro.

Asimismo, la inspectora de Hacienda ha destacado también que Unifica no imputó correctamente los ingresos obtenidos por la remodelación de la sede del PP. Ha recordado que la Ley General de Tributos establece que el devengo debe realizarse en el momento que se pone la obra a disposición de su propietario y que por ello considera que Unifica ha defraudado a Hacienda por tributar ciertos ingresos en ejercicios posteriores a su contabilización.

Así, la perito, que ha comparecido por videoconferencia, ha recalcado que «las obras estaban sustancialmente terminadas cuando se firma el acta de recepción provisional de las obras (…) y por lo cual no hay duda que el momento de devengo a efecto del Impuesto de Sociedades sobre esos ingresos es el momento de recepción provisional de las obras en los supuestos analizado».

CRITERIOS DISCREPANTES

Sin embargo, los peritos que han elaborado informes a favor de Unifica discrepan de este criterio, que según la perito de Hacienda no es «arbitrario, sino que sigue la legalidad vigente en cada momento», y entienden que los ingresos contabilizados no han sido tributados en años equivocados.

«A Hacienda se le olvida algo importante. Si quieres mirar una realidad económica, tienes que mirar también los gastos», ha puntualizado uno de estos peritos. Así, ha defendido que si la Agencia Tributaria utiliza la «ley del embudo» y que si considera que los ingresos contabilizados en el mes de diciembre no pueden tributarse en el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal, tampoco deben hacerlo los gastos relativos a esa misma facturación.

Además, considera que Hacienda sostiene la «premisa errónea» de creer que la doble certificación final de las obras tiene como objetivo «esconder» ingresos. En este sentido, ha puntualizado que en cualquier obra puede haber variación de costes debido a la negociación de precios y comprobación de lo que se ha ejecutado realmente.

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