Pablo Iglesias / Foto: Fernando Sánchez - Europa Press
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Santiago Pedraz accede a lo solicitado por la Fiscalía y cita el próximo 3 de julio a las 10.15 al inspector que efectuó “consultas” sobre Iglesias a fin de “valorar si está justificado pedir información” del que fuera líder de Podemos “por el hecho que otra persona del mismo partido estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente”.
El miembro del partido al que se refiere la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, es el que fuera eurodiputado de Podemos Miguel Urbán. “En este sentido el fiscal interesa se reciba declaración al policía por los hechos antes citados, declaración a la que debe asistirle un letrado para garantizar sus derechos”, señala el Ministerio Fiscal.
Esta decisión del magistrado llega el mismo día en que ha tomado declaración como testigo al exjefe de Asuntos Internos de Policía Nacional Marcelino Martín Blas. Además, el juez ha aplazado la declaración como investigado que estaba prevista para este viernes del inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díez Sevillano, y que se ha fijado el próximo 30 de junio.
Hace más de un año que el juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados –bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad—“se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política”, recoge la citada agencia.
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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