El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta ‘fontanera’ vinculada al PSOE, y también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del exdirigente socialista en Andalucía Gaspar Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.
Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró en el marco de la investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitantes socialista.
El pasado 8 de mayo, el juez Pedraz prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, según confirmó Europa Press de fuentes jurídicas.
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.
La UCO rastrea comisiones
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Los tres habrían formado parte de un grupo llamado ‘Hirurok’ dirigido a orientar “diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.
Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” a través de “contratación y facturación mendaz”, según la investigación.
En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas” y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.
La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.
Los agentes de la UCO ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
Puente: “¿Es necesario mandar a la UCO?”
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que la UCO se haya personado en Ferraz para “un simple requerimiento de información”.
Puente, que también forma parte de la Ejecutiva del partido, ha recriminado que se esté hablando de “un registro” y se ha preguntado si era “necesario” enviar a la UCO a la sede nacional de los socialistas.
“Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante”, ha señalado en un mensaje en su cuenta de X.
