Esgrime dos motivos. Por un lado, que el escenario ha cambiado y los precios de la energía están cada vez más contenidos. Por otro, las enormes inversiones que requiere la transición energética y que deben acometer las empresas.
La propia Comisión Europea asegura que “la situación es muy diferente a la que existía cuando entró en vigor el reglamento”, según se recoge en el primer informe que ha elaborado para evaluar el impacto de esa tasa solidaria en cada país y si se debe seguir con ella.
En el conjunto de la UE, los ingresos estimados para este año por este impuesto ascienden a 17.574 millones de euros, de los cuales 1.089 millones corresponden a España, unos 156 millones menos de lo que había previsto el Gobierno de Sánchez, según las cifras recogidas a mediados de septiembre por la Comisión, cuando ya se habían realizado todos los pagos sobre la tasa con cargo al ejercicio 2022.
De este modo y de acuerdo con el informe, España es el cuarto país europeo que más ha recaudado por ese impuesto a las energéticas, por detrás de los 6.433 millones de los Países Bajos, los 3.230 millones de Polonia y los 2.897 millones de Italia.
