El tiempo y el esfuerzo empleado en la estéril defensa de la marca España quizá podrían usarse en otras iniciativas mucho más útiles para el país. A la hora de buscar fórmulas para reactivar la depauperada economía del país y conseguir avances en la valoración que se tiene en el exterior de lo que se produce aquí, desde el actual Gobierno se ha apostado por una iniciativa de dudosa efectividad: la defensa de la marca España.
Una verdadera cruzada que se intenta desarrollar por el mundo y a la que se suman, con más o menos entusiasmo y no siempre de ‘motu propio’, algunas figuras con renombre internacional, entre las que destacan, junto a otras celebridades, algunos empresarios de renombre.
Sin embargo, una y otra vez, da la sensación de que esa campaña sirve para bien poco. Sin contar con el hecho de que en un supuesto intento de no empeorar la imagen del país en el exterior, a veces se pretenden eliminar las críticas, inclusos constructivas, que se realizan sobre determinados aspectos, más que ‘mejorables’, de la sociedad, la política o la economía españolas.
Y, quizá por eso, empiezan a surgir voces que defienden la idea de que si se trata de animar la competitividad de nuestro tejido productivo, quizá podría ponerse el empeño en estudiar otros aspectos de la cuestión. cuya incidencia es notable y sobre los que no se trabaja en absoluto.
En ese sentido, no estaría mal, por ejemplo, entender cuáles son algunos de los principios básicos en los que se basa la competitividad empresarial y ver como influyen en el caso de España a la hora de incidir en el precio final de lo producido en comparación con lo que ocurre en otros países del entorno Europeo.
Están, desde luego, las diferencias en los costes de financiación que soportan las empresas españolas, especialmente las pymes, con respecto a las alemanas, por ejemplo. Pero esa no es la única ventaja de que disponen nuestros socios y rivales. Hay toda una gama de precios de servicios indispensables para la producción que se sitúan por encima de la media europea, a los que las compañías españolas deben hacer frente.
Desde los costes de la conexiones de banda ancha que aquí se sitúan un 50% por encima de la media europea hasta la mucho más reducida diferencia en el precio del kilowatio-hora por el que en España se pagan 0,038 euros más.
En medio de esas cifras se sitúan otras no menos importantes como el 11% de diferencia en las tarifas del gas. Unas cifras que sólo mejoran a favor de los sufridos productores y consumidores españoles a la hora de adquirir gasolina o gasoil que si cuestan menos aquí, gracias a la menor carga fiscal que soportan.
Con esos antecedentes, las posibilidades de ser verdaderamente competitivos menguan bastante. Más aún cuando existe una diferencia en el poder adquisitivo de la adquisitivo de la población que sitúa a los españoles cerca de un 15% por debajo de la media europea.
Y frente a esas realidades, la única solución que se ha aportado es esa locura de la devaluación salarial acompañada, además, por amplios recortes en las plantillas. Lo malo es que esa estrategia tiene un límite. Puede llegar un momento, en que no queden trabajadores a los que se puedan rebajar los salarios si se sigue reduciendo la población activa española.
