Por un puñado de dólares

La inflación descontrolada y el acceso a los dólares están en la raíz del conflicto político y social que sacude Venezuela. La inestabilidad social y política en la que se encuentra sumergida Venezuela puede convertirse a medio plazo en un riesgo para toda Latinoamérica. Y no deja de ser una paradoja que en un país petrolero como este y plagado de recursos naturales, la población, siempre castigada por la desigualdad, se enfrente ahora a problemas de suministro de bienes de primera necesidad.

Además, con la inflación desatada y un tipo de cambio oficial artificial e insostenible, los venezolanos no confían en su propia moneda. Prácticamente les quema en el bolsillo. Quieren tener dólares, un valor seguro, y si es posible bien guardados en cuentas bancarias situadas en el exterior.

El presidente del país, Nicolás Maduro acaba de jugar esa carta para intentar calmar a la población. Ha creado un nuevo mecanismo ampliado de distribución de dólares a tipos de cambio fluctuante en un mercado restringido que controlará el Estado. Se llama Sicad 2. Y es una mutación del Sicad 1, también vigente, donde algunos actores podían obtener dólares a precios prefijados.

Sin embargo, el mejor sistema para conseguir billetes verdes, y a un precio preferencial, era conseguir licencias de importación de productos y presentar facturas de operaciones cerradas a las instancias oficiales correspondientes. Ese mecanismo ha sido utilizado aparentemente por ‘próceres’ de todas las opciones políticas, para obtener divisas estadounidenses y colocarlas en el exterior. Y hasta ha provocado un conflicto diplomático que sube de tono ente Venezuela y Panamá.

Todo empezó por la deuda que las empresas importadoras venezolanas mantienen con las compañías panameñas de la Zona Libre de Colón, uno de los enclaves clásicos dentro del mapa de los ‘paraísos fiscales’ de Latinoamérica. Desde Caracas, Maduro acusa a su homólogo panameño, Ricardo Martinelli, de corrupción y de cobrar comisiones. Según Maduro, el 90% de la deuda es ‘fraudulento’ y, por lo tanto, no se va a pagar. El Consejo de Administración de Divisas de Venezuela, el famoso Cadivi, no facilitará los dólares a las empresas importadoras para que abonen lo que deben.

En respuesta a este ataque, Roberto Henríquez, ministro de Presidencia de Panamá, ha acusado a Maduro y los suyos de usar el Centro Bancario de la Zona Libre de Colón para guardar el dinero que el ‘chavismo’ estaría sacando fuera del país. Un verdadero expolio, según Henríquez, que hasta cifra en 1.000 millones de dólares (720,793 millones de euros) la cantidad depositada en las cuentas supuestamente ‘opacas’ que tendrían en Panamá. También amenaza con congelarlas y ‘usar’ ese dinero para pagar la deuda. Dice que han detectado movimientos destinados a sacar el efectivo de los bancos panameños en busca de escondrijos más seguros.

‘Hechos reales’

Probablemente, las dos posturas sean exageradas, pero están basadas en ‘hechos reales’. Aunque nadie sabe con certeza cuál es la cantidad exacta que las empresas venezolanas deben a las panameñas, las cifras oscilan entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares (1.441,5 y 2.162,3 millones de euros). Y las propias autoridades panameñas, en concreto el ministro de Economía y Finanzas Frank de Lima, han admitido que un 30% de esta cantidad se deriva de la ‘sobrefacturación’ que algunas compañías de la Zona Libre de Colón cargan sobre sus socios comerciales venezolanos.

Con la sobrefacturación estarían ayudándoles a sacar dólares del país. Y, además, adquiridos a un precio preferencial, 6,3 bolívares por billete verde, que es, más o menos la mitad de lo que les costaría adquirirlos ilegalmente en el mercado paralelo. Pero podría haber más. Al parecer muchas de estas presuntas compañías panameñas son ‘empresas maletín’. Es decir, filiales de firmas venezolanas que no venden mercancía alguna. Se limitan a emitir facturas que se pueden presentar en el Cadivi para conseguir dólares.

Lo curioso, o no tanto, es que esta manera de operar no es nueva. Ni tampoco desconocida para las autoridades venezolanas. En abril del pasado año, la expresidenta del Banco Central de este país Edmée Betancourt aseguró que el 49,1% de los 59.000 millones de dólares (45.526,8 millones de euros) que la Cadivi autorizó en 2012 en concepto de liquidez para el pago de importaciones había sido destinado, en realidad, a nutrir la fuga de divisas a través de ‘empresas maletín’. Nada menos que 29.000 millones de dólares (20.903 millones de euros).

Tras estas declaraciones Betancourt fue cesada por Maduro. El mismo que la había nombrado tres meses antes. Además, en Venezuela, aseguran que, el Gobierno ha asegurado muchas veces que iba a investigar a fondo este supuesto fraude. Pero, hasta ahora, no lo ha hecho. Ni ha dado explicación alguna fuera del uso de su retórica habitual, una mala imitación de los discursos populistas del fallecido Hugo Chávez.

Y, mientras, azotado por la ambición de dos bandos políticos ávidos de dólares, el pueblo venezolano sigue sumido en el pozo sin fondo de la desigualdad y castigado a partes iguales por un sistema dudoso y autoritario que impulsa el ‘chavismo’ y una oposición dividida y ‘sospechosa’ de albergar en su seno elementos con las mismas veleidades dictatoriales que exhibe el Gobierno actual.

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