El pasado jueves dio comienzo en Fráncfort el juicio contra los seis miembros del Comité Ejecutivo del HSH Nordbank por un supuesto delito de malversación de fondos. Se trata de un landesbank, una de esas entidades financieras alemanas similares a las antiguas cajas españolas, que tuvo que ser rescatado con una inyección de dinero público de unos 13.000 millones de euros. Un agujero generado por las inversiones de riesgo y la mala gestión del que ahora quienes fueran los responsables de la compañía van a responder ante la justicia. Y lo harán, sobre todo, gracias al celo y a la profesionalidad con que la Fiscalía germana, el Ministerio Público, se ha puesto a la labor.
Unas 24 horas después, y al abrigo de la discreción que concede la tarde de un viernes de julio, el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) hizo públicas sus cuentas del ejercicio 2012, que cerró con unas pérdidas de 26.060 millones de euros, las mayores registradas nunca por una sociedad española. El patrimonio neto negativo alcanza los 25.025 millones. Una cifra a la que se llega al alinear el valor neto contable con el valor económico estimado de las participaciones que posee en las siete entidades financieras que ha tenido que rescatar.
Pues bien, a pesar de estos números devastadores, quien esto escribe no tiene noticias de que la Fiscalía española haya mostrado interés alguno en pedir responsabilidades a los gestores de semejante desastre, cuya resolución va a realizarse a costa del bolsillo de unos contribuyentes que pueden llegar a perder en el intento buena parte del estado del bienestar que se había conseguido con gran esfuerzo. Nada que ver, desde luego, con la actitud del Ministerio Público alemán de la que hablábamos antes. Más bien, al contrario. La actuación más conocida hasta ahora de nuestros fiscales en asuntos relacionados con la crisis del sistema bancario español ha sido la diligencia demostrada para sacar de la cárcel de Soto del Real a Miguel Blesa, antiguo presidente de Caja Madrid, la entidad que originó Bankia. A quién han conseguido librar de las consecuencias de las acciones singulares que un juez ‘sui generis’ emprendió contra él.
Pero el dinero que los pagadores de impuestos, o sea todos los ciudadanos, van a perder con las intervenciones del FROB, no es el único coste que tendrán que soportar a cuenta de la crisis financiera. Para hacerse una idea más real hay que sumar a estas estratosféricas cantidades, otras de similares dimensiones que provienen del ‘Banco Malo’, de la Sociedad de Gestión de Activo Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), un monstruo que acumula activos dañados procedentes de los bancos nacionalizados por valor de unos 55.000 millones de euros.
Y un 80% de ellos son créditos malos, concedidos a promotores, actores del mercado inmobiliario y asimilados. Un peso del que la SAREB pretende deshacerse con titulizaciones y productos derivados, que se colocarán en esos ámbitos de penumbra financiera donde se realizaron casi todas las operaciones de riesgo que provocaron la crisis y que sólo encontrarán salida si el Estado español, disfrazado de los que corresponda, ejerce de avalista y aporta el colateral correspondiente.
Por eso vuelve a sorprender que la Fiscalía española no haya hecho tampoco, al menos que se sepa, ningún movimiento destinado a perseguir a aquellos empresarios privados que consiguieron una financiación de las viejas cajas en condiciones extraordinarias y que provocaron los quebrantos que llevaron al colapso a unas entidades que hace poco más de un lustro constituían el 50% del sistema financiero. Obviamente, esta puede ser una demostración más de que Alemania y España no son lo mismo.
