Cuando Esperanza Aguirre llegó por sorpresa a la presidencia de la Comunidad Madrid, tras el ‘tamayazo’, muchos comentaristas relacionaron la traición de dos diputados socialistas que impidió a Rafael Simancas ocupar el puesto que había ganado en las urnas con los planes de este candidato para reformar Caja Madrid.
Pero no llegó a ponerlos en práctica. Si lo hizo Esperanza Aguirre, una supuesta gestora ejemplar, que empieza a acumular demasiadas manchas en su hoja de servicio como para poder mantener un prestigio que no parece corresponderle a tenor de los datos objetivos.
La gestión llevada a cabo por el PP de Madrid y su pizpireta líder sigue un patrón basado en el adelgazamiento del Estado que, sin embargo, no parece haberle servido para cumplir con los objetivos de déficit público a los que se había comprometido en 2011.
Quizá porque su posicionamiento ideológico, que ha conseguido el respaldo de los madrileños en las urnas, se basa en eliminar todas las cargas fiscales posibles a las rentas más altas. Por eso, quizá los recortes, cercanos a lo salvaje según sus críticos, no sean suficientes cuando se prescinde de ingresos como los derivados de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, o el IBI de los edificios singulares, cuyos propietarios son o grandes fortunas o grandes empresas en todos los casos, o los impuestos que deberían gravar las propiedades de la Iglesia.
En cualquier caso, el déficit público se le ha ido al doble, aunque es probable que la culpa fuera de Zapatero por no haberla controlado más férreamente. Ahora la tiene que controlar Antonio Beteta, quien es en parte responsable de la desviación del déficit porque fue el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid hasta mayo del pasado año.
No sabemos como sorteara este y otros asuntos complicados, Aguirre quizá con esa mezcla castiza de las retóricas de Hugo Chávez y Margaret Thatcher, de alguien que presume de ideología liberal pero que práctica el intervencionismo puro y duro y trabaja en exclusiva para la clase social a la que pertenece. Como quizá sea lógico, por otra parte.
Pero quizá no lo sea tanto que hable de fusiones de cajas a punta de pístola. No lo hace para defender la gestión de Rodrigo Rato en Caja Madrid. Lo hace para eludir la responsabilidad que ella misma y, de nuevo Antonio Beteta, tienen sobre el mal estado en el que se encontraba la entidad financiera madrileña tras la batalla entre sus huestes y las del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón por controlar el poder. Pero la supervisión de la caja, en primera instancia correspondía a las Comunidad de Madrid. O lo que es lo mismo a Beteta que, como ya hemos dicho, ocupaba el puesto en los últimos años de la presidencia de Miguel Blesa. También cuando llegó Rato.
Como decíamos al principio, el desembarco en la Comunidad Autónoma coincidió con el escándalo del ‘Tamayazo’, aquella traición, nunca aclarada, de dos diputados de este partido que le costó a Rafael Simancas, entonces líder del PSOE de Madrid, la presidencia de la Comunidad. Beteta también presidió la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre el caso.
Su trabajo como enterrador de los hechos, según señalan algunas malas lenguas capitalinas, fue tan eficiente que consiguió ascender en el escalafón del partido madrileño. Quizá ahora, desde su puesto en la Administración le toque volver a hacer lo mismo con otras cuantas cosas. Como el macrorescate público de Bankia que le va a costar a todos los contribuyentes 23.500 millones de euros.
