España es el país europeo más expuesto frente a las consecuencias de una eventual quiebra helena Hace unos meses, de pronto y sin anestesia, la inmensa mayoría de los españoles fue consciente de que este país formaba también parte del grupo de acreedores de Grecia. Lo mismo que Francia o Alemania. Sucedió que el Gobierno hizo algunas revelaciones inesperadas sobre el particular, porque necesitaba protegerse del, entonces, irrefrenable auge de Podemos. El partido emergente de Pablo Iglesias que lideraba las encuestas de intención de voto en la época y parecía verse aún más reforzado con la victoria de Syriza en las elecciones helenas y la actitud desafiante frente a las exigencias europeas que adoptó inmediatamente Alex Tsipras.
El primero en ‘cantar’ fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien ofreció una cifra redonda sobre el dinero que los españoles habían prestado a los griegos e hizo un par de comparaciones ‘brillantes’ para mostrar, por un lado, la solidaridad hispana y, por otro, la irresponsabilidad de las, entonces, nuevas autoridades griegas. Según los datos que hizo públicos, si España no hubiese prestado 32.744 millones de euros, el Gobierno podría haber subido «las prestaciones por desempleo un 50% o aumentar las pensiones un 38%».
Después se supo que la suma del supuesto préstamo, si bien elevada, era algo inferior. Sólo 27.350 millones de euros. Además, se componía sobre todo de avales e incluía también la cuota que le corresponde a España del capital del BCE, otro acreedor de Grecia. O sea que la inteligente comparación del ministro era, como de costumbre, de veracidad dudosa, porque en ningún momento el Estado español hizo una contribución directa tan cuantiosa. De modo que, en ese momento, ni siquiera hipotéticamente, ni las retribuciones de los pensionistas ni las de los desempleado se habían visto afectadas por el asunto.
Pero la situación ha cambiado sustancialmente ahora y, desde luego, España sentirá el impacto de esa descomunal cantidad en sus cuentas públicas más pronto que tarde, si no se produce el pacto entre Grecia y sus acreedores y Atenas opta por salir del euro por la bravas y no pagar lo que debe. Un escenario que no se puede descartar y que algunos comentaristas parecen desear. Así que no estamos hablando simplemente de un posible contagio. El asunto podría llegar a ser mucho más grave.
Y, obviamente, al menos el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y su ministro de Economía Luis de Gunidos deben conocer perfectamente las posibles implicaciones de la exposición a Grecia que su Gobierno decidió aceptar. Y también, claro, cómo y por qué se llegó hasta ahí. Dos cuestiones, por cierto, que jamás han explicado a los españoles, a quienes se ha hurtado, por ejemplo, de la posibilidad de que el Parlamento hubiera debatido y aprobado la cuestión.
Sería interesante saberlo, sobre todo porque en 2009, cuando se articuló el primer rescate griego, toda la exposición española a Grecia correspondía a entidades financieras privadas y ascendía sólo a 1.210 millones de euros. Una cantidad, además, perfectamente asumible por las compañía en cuestión, según las distintas pruebas de resistencia a las que se sometió en la época el sistema financiero español. Nada que ver con las dimensiones que tenía el problema en Francia, cuyos bancos tenían un riesgo en Grecia de 78.220 millones de euros o en Alemania (45.000) o en Holanda (12.210) o en Italia (6.860). Incluso los bancos austriacos (4.760) y belgas (4.210) estaban en peor situación que los hispanos.
Ese fue el principio de un proceso que, de momento, terminó en 2012, con una nómina de acreedores y un reparto de las cantidades muy diferente al original. Esta semana hemos sabido, por ejemplo, que es absolutamente cierto que los estados han repartido entre todos los ciudadanos europeos el peso de una deuda que correspondía inicialmente sólo a entidades de crédito privadas. Que no es un mito o argumento malintencionado de la izquierda radical europea.
El encargado de confirmar la ‘estafa’, realizada, por cierto, al margen de cualquier control democrático, ha sido Oliver Blanchard, el economista jefe del FMI. Blanchard ha admitido en una carta publicado en la web de la institución que al menos dos tercios del rescate fue a parar a la entidades financieras privadas.
Y, ¿qué paso? ¿por qué se vio envuelta España en el jaleo? Pues bien, los representantes españoles en la UE aceptaron sin matices la propuesta de que los avales y garantías sobre el monto total del rescate se repartiesen entre los países miembros en función del peso de sus economías en el PIB de la eurozona.
Un gran ejercicio de solidaridad con los grandes bancos alemanes y franceses, como se ve. Ni Rajoy ni Guindos exigieron en su momento, que se aplicara algún mecanismo corrector. Por ejemplo que los países cuyos bancos habían dado créditos con tanta alegría a Grecia, soportaran un coste adicional significativo en esta operación destinada, sobre todo, a salvar sus propios sistemas financieros.
No señores, no. Según desveló también a principios de año, el deslenguado ministro Margallo, lo que hizo Rajoy fue justamente lo contrario. Aceptar la sugerencia alemana y cargar con una cuota superior al 10% del total de las garantías cuando sólo le hubiera correspondido un 8%.
¿Sorprendidos?. Aún hay algo peor. En un estudio publicado esta semana por los expertos de la agencia Bloomberg se establecen la relación entre las deudas asumidas en los rescates griegos por los distintos países europeos y su PIB nacional. Esta es una medida habitual de los operadores financieros para evaluar qué países han corrido más riesgos en una situación dada. O lo que es lo mismo, cuáles son aquellos que se encuentran en una situación de mayor debilidad y, por lo tanto, pueden ser atacados con mayor facilidad si llega el caso.
Y, ¿adivinan cuál es el gran país que más se juega en este envite? Efectivamente, es España. Según los datos de la agencia, la deuda asumida con Grecia supone el 2,78% del PIB español. Pero no esto lo más curioso. Tampoco salen bien paradas los representantes italianos en aquella peculiar negociación. Italia es el segundo gran perjudicado con una exposición del 2,74% del PIB. Y sólo después llegan por fin Francia (2,38%) y Alemania (2,37%).
¿Por qué lo hizo Rajoy? ¿Fue la condición que tuvo que aceptar para que Europa rescatará a las cajas españolas que, mayoritariamente, habían arruinado las figuras regionales del PP? ¿Hay algún acuerdo secreto más sobre el particular del que los ciudadanos jamás hemos tenido noticias? Algo habrá cuando, además, nunca antes, España había tenido tan poco peso institucional en las instituciones comunitarias.
A lo mejor ese es el precio que vamoa a pagar para que Guindos se haga con la presidencia del Eurogrupo. Aunque, últimamente ni siquiera eso está asegurado. Sea como sea, y sin conocer esas interioridades, da la impresión de que los españoles, por obra y gracia de las luminarias de este Gobierno, se han convertido en los ‘pagafantas’ de la UE.
