La permanencia de las puertas giratorias y los privilegios de la clase política ponen en duda los proyectos de regeneración democrática. «¿Quieren una propuesta concreta? No permitir que los políticos entren en los consejos de administración de las empresas privadas» Con esta frase, más o menos, literal una dirigente de Podemos salía al paso de la enésima acusación de algún representante de un grupo político enemigo, empeñado en demostrar que la formación que lidera Pablo Iglesias no tiene, en realidad, un programa que ofrecer a los ciudadanos.
Evidentemente, tras recibir esta contestación, el belicoso tertuliano ‘autoinvestido’ de cruzado antipopulista enmudeció de pronto. Era obvio que, en ningún caso, su partido tenía pensado incluir entre sus ofertas a los ciudadanos algo así.
Pero no pasa una semana, ni un día podría decirse, sin que la actualidad llegue cargada de noticias sobre el perfecto funcionamiento de esas puertas giratorias que ligan la política con el mundo empresarial.
Tampoco sin que se conozcan, y no precisamente por la transparencia de las administraciones, nuevas prebendas sonrojantes de las que disfrutan los próceres de los dos grandes partidos españoles: PP y PSOE que, tras años de alternarse en el poder, acumulan un curriculum impresionante en esta peligrosa asignatura.
Esta misma semana, sin ir más lejos, hemos sido testigos de la esperpéntica comparecencia de Jordi Pujol en el Parlamento catalán, en la que justificó la inmensa fortuna que posee en el exterior, y a cuenta de la cual jamás ha pagado ni una peseta en impuestos, en lo bien que le habían sentado las revalorizaciones del dólar a una herencia que recibió años atrás. Eso sí, sin dar detalles y con la exigencia de que confiemos en su palabra ha vuelto a asegurar que el nunca fue un ‘político corrupto’.
Seguramente, el ya exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón piensa lo mismo. Y no debe creer que su decisión de integrarse en el Consejo Consultivo de Madrid a cambio de 8.500 euros mensuales sea nada reprobable. Una cosa es abandonar la política activa y otra renunciar a los privilegios que se derivan de haber estado metido en la ‘pomada’.
Tampoco Rita Barberá, la todavía alcaldesa de Valencia, parece sentirse a disgusto por cobrar unas retribuciones superiores a las que recibe, por ejemplo, el presidente del Gobierno, a pesar de que los recortes aplicados por su partido para limitar el gasto público hayan laminado el estado del bienestar y empobrecido a los valencianos.
Y, aunque esta lista no pretende ser exhaustiva y falten en ella algunos representantes del PSOE, que serían también notables, por supuesto, no hay más remedio que incluir en ella, la última ocurrencia de Miguel Arias Cañete, el exministro de Agricultura que aspira a ser Comisario Europeo de Energía y Clima.
Cañete ha asegurado por escrito que se «compromete a no actuar» cuando haya que tratar asuntos en los que pudiera tener intereses personales, familiares y financieros. La verdad es que lo tiene difícil entonces, por mucho que haya vendido por casi medio millón de euros la participación que tenía en dos empresas petroleras.
El problema es que no era un accionista más. Al menos de una de las dos empresas en cuestión. No lo fue entre 2005 y 2011, momento en que ejerció la presidencia en una de ellas, según aseguran varios artículos de prensa publicados sobre el asunto.
Y, ¿qué va a pasar en el Parlamento Europeo cuando sus señorías tengan que decidir si Cañete puede o no puede convertirse en comisario? No hay suspense alguno. Van a votar que sí porque todos estos nombramientos son fruto de un pacto anterior. Hasta los diputados del PSOE, según parece, van a apoyar a su supuesto rival político en este trance.
Todos estos ejemplos se producen en paralelo con la presunta ofensiva del Gobierno y el PP a favor de la regeneración democrática. Una idea que apoya el PSOE aunque, por el momento, no haya acuerdo en como llevarla a cabo. Y también un principio fundamental que estaría en la base de los motivos por los que los independentistas catalanes, Artur Mas incluido, quieren impulsar y consolidar su proyecto secesionista.
Parece claro que ninguno de estos grupos políticos va a impulsar una iniciativa que separe con claridad la actividad política de las posibilidades de enriquecimiento de las que gozan quienes la practican. Sobre eso no tendrán propuestas concretas que ofrecer. ¿Es populismo asegurar que si se llega al poder se acabará con las puertas giratorias? Si quien calla otorga, esta claro que en el PP y el PSOE deben pensar que sí.
Y ya se sabe que con lo que hay que terminar es con el populismo que va arruinar a España. Como si cuatro décadas de gestión política basada en un esquema pensado para extraer todo el beneficio de lo público y ponerlo en manos de unos pocos ciudadanos no la hubieran arruinado ya.
Pues eso, ¿quieren una propuesta concreta para mejorar la situación de los españoles? ¿Qué tal si se marchan a su casa y dejan paso a otros que, de verdad, tengan las manos limpias? Pero sin seguir cobrando de por vida un sueldo público, por supuesto.
