La pérdida de afiliación e influencia de UGT y CCOO ha facilitado el recorte de los derechos laborales históricos. Las noticias ni siquiera están confirmadas todavía. Al parecer existe una iniciativa en uno de los múltiples círculos que forman Podemos que podría cristalizar a medio plazo en la aparición de una nueva fuerza sindical. De momento, sin embargo, lo único que hay realmente es una oferta de asesoramiento en materia de derechos laborales a aquellas personas que lo soliciten y poco más.
Pero, ha bastado el simple rumor, o más bien que este haya empezado a correr por Internet, para que la iniciativa, aún por madurar, empiece a tomar cuerpo. Tal vez, no vaya a ser realidad pronto, ni mucho menos y, sin embargo, la acogida que ha cosechado esa simple posibilidad en los ámbitos en los que se promueve el crecimiento del partido ‘asambleario’ de Pablo Iglesias, es un síntoma a tener en cuenta.
Obviamente, quien primero tendría que tomar nota son las actuales direcciones de UGT y CCOO, cuyas estrategias de lucha contra la crisis, que incluyen una huelga general fallida, no han servido para frenar, en ningún momento, el progresivo recorte de los derechos laborales aplicado sistemáticamente por el Gobierno conservador que preside Mariano Rajoy y al que, de algún modo, dio inició el Ejecutivo que presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, en los ‘éxitos’ conseguidos por la movilización de los colectivos sociales, como podría ser la paralización completa del plan de Ignacio González privatizar un puñado de hospitales madrileños, los ciudadanos no aprecian, en absoluto, la acción sindical como uno de los factores que han contribuido a que se consiga esta victoria. Más bien al contrario, en general, la mayoría suele considerar a los sindicatos tradicionales como un elemento más del sistema que sería necesario cambiar.
¿Es justa esta percepción creciente de los colectivos sociales? Tal vez no del todo, pero sí que es perfectamente comprensible. Los escándalos y las zonas de sombra que afecta a la implicación de UGT y CCOO en la lacra de la corrupción generalizada, como el famoso caso de los ‘Eres andaluces’, entre otros. O la sospecha de que tras esa ‘voluntad’ de negociar y llegar a acuerdos con los empresarios hay una connivencia y una coordinación más que sospechosas, parecen haberse impuesto a cualquier otra consideración.
Y todo ello, sin que desde las cúpulas de estas organizaciones se hayan realizado cambios reales. Ni de personas ni de maneras de conducir el necesario enfrentamiento entre los trabajadores y los promotores de unas leyes que, con la excusa de la necesidad de aumentar la productividad, han cambiado por completo las condiciones del ‘contrato social’ que aseguraba la prosperidad de todos sin que los sindicatos tradicionales hayan sabido desarrollar oposición alguna en el proceso.
No es sólo la última reforma laboral, que por supuesto también está ahí y que, en algunos casos, los propios sindicatos no han dudado en aplicar de la forma más severa que permite esa nueva legalidad antisocial aprobada por el PP, a la hora de realizar sus propios ajustes de plantilla, actuando como empresarios ‘neoliberales’ con su propia fuerza laboral. Una contradicción esta que resulta ser un caso paradigmático de los múltiples motivos de desencuentro entre las organizaciones sindicales y la sociedad.
Hay, además, otros asuntos que incluso podrían ser más graves a largo plazo. Como la conversión en ‘emprendedores’, o más bien en autónomos sin derechos, de buena parte de la fuerza laboral que está, en realidad, realizando tareas por cuenta ajena, ha laminado ya los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a asuntos tales como los horarios, la duración de la jornada o las vacaciones, por ejemplo. Y, evidentemente, ha contribuido a difundir esa sensación creciente de que el trabajo más que un derecho fundamental de las personas es un bien escaso que no está al alcance de cualquiera.
Y, ante todos estos retos, las dos grandes centrales sindicales, apenas sin han dado respuesta. Ni en las calles, ni en las empresas, ni en ninguno de los ámbitos en los que su acción debería ser perceptible. Es una realidad de la que los actuales líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández ‘Toxo’ son completamente conscientes y ante la cual no parecen dispuestos a impulsar dentro de sus organizaciones el proceso de cambio que sería necesario.
Así que no resulta extraño que la simple posibilidad de que los líderes de Podemos estén dispuestos a impulsar la aparición de un sindicato haya encontrado una acogida tan buena en ese campo abonado que constituye la España de hoy, donde el trabajo precario e insuficiente para garantizar a la población que se gane la vida de una manera digna se generaliza ante la pasividad de los dos grandes sindicatos históricos.
A más de un trabajador baqueteado por la situación dramática que vive le parecerá perfecto que Pablo Iglesias y los suyos den también la batalla en este ámbito. Tal y como están las cosas, hasta el mítico ‘Séptimo de Caballería’ sería bienvenido. No lo duden.
