Ofensiva del PSOE en el Senado para buscar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco

Adolf Hitler y Francisco Franco en Hendaya
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La ilegalización de la Fundación Francisco Franco llega al Senado. El PSOE ha presentado una moción en la Cámara Alta para promover esta acción contra la organización, al entender que es contraria a la Ley de Memoria Histórica y a la Constitución Española. Una iniciativa socialista que, como punto de partida, reclama a la Abogacía del Estado que realice un informe sobre la legalidad de la entidad.

“No puede ser legal una fundación que enaltece y exalta la dictadura y defiende la vulneración de los derechos humanos que llevó a cabo la dictadura de Franco”, han aseverado desde el PSOE. De esta manera, en un primer instante, la formación reclamará a la Comisión Constitucional del Senado que inste a los servicios jurídicos del Estado para abrir esta investigación.

En este sentido, el PSOE quiere que la Abogacía del Estado realice un estudio sobre si la Fundación Francisco Franco se atiene a la búsqueda del interés general que deben cumplir las fundaciones, tal y como reclama la ley. Al mismo tiempo, los socialistas señalan si la organización persigue la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, si defiende la asistencia social y la inclusión social, entre otros valores.

En concreto, la organización que dirige Pedro Sánchez espera que los expertos jurídicos determinen si la fundación “debe extinguirse” en el caso de que no cumpla con estos requisitos legales. “No parece muy lógico que se adecue a la legalidad una fundación que enaltece y exalta la dictadura, proyecta su ideario sobre la sociedad española y defiende la vulneración de los derechos humanos que aquella llevó a término”, han sostenido en su moción.

Los socialistas han recordado que, entre las funciones de la Fundación Francisco Franco, se encuentra la de ofrecer sus servicios a ayuntamientos y particulares para “ayudar a incumplir” la Ley de Memoria Histórica. Por último, han recalcado la necesidad de que la Abogacía tiene estudie si la entidad cumple con la Ley de Secretos oficiales en relación a la documentación que obra en su poder relativa al dictador y sus actividades, así como los archivos de la Guerra Civil y la dictadura.