Aula de un colegio
La escena es la siguiente: un niño rubio va de la mano de su padre y su madre en su “primer día de cole”; a lo lejos aparece un cartel claro que pone “escuela concertada” hasta que una furgoneta negra con las siglas de “Gobierno” se frena en seco a escasos metros del centro.
De ella sale presuntamente un dirigente con sus dos guardias de seguridad. Todos van de negro y lanzan una orden: no se puede ir al colegio concertado, deben de ir al centro de al lado. Aparentemente –aunque no se indica- es una escuela pública, a la que va entrar un niño de raza negra y una niña que se despide de su madre.
De esta manera, a través de un vídeo ficticio, donde se apela a los “derechos humanos” y en el que la escuela concertada acaba cerrada, la concertada valenciana ha querido salir en defensa de la escuela concertada. Todo a través de la campaña #yoelijo donde denuncian las “actuales propuestas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España”.
Vídeos, recogidas de firmas, manifestaciones, campañas en redes sociales… Esta es la ofensiva de la plataforma iniciada por la Iglesia valenciana y que ya se está extendiendo al resto del país. Detrás, entre otros, se engloban las Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, el Arzobispado de Valencia, los Colegios Diocesanos de Valencia o la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos de Valencia.
En total, según sus propios cálculos, el movimiento cuenta con el apoyo de 730 colegios y más de 150.000 familias de la Comunidad Valencia, “plenamente convencidos de que sin educación en libertad no hay democracia”. Así, la corriente llama a la organización para exigir que se aseguren “las libertades de enseñanza” a través de “conciertos educativos o mediante otro tipo de ayudas a los centros docentes”.
Sin embargo, el manifiesto de #yoelijo no se limita únicamente a que se mantengan los fondos públicos a la concertada. También pide el “reconocimiento, real y efectivo y no meramente formal, y la garantía del derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, tanto en la escuela de titularidad pública como en la escuela de iniciativa social”.
“Este derecho incluye la garantía de la enseñanza religiosa escolar, que será de oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria para los alumnos”, se puede leer en el escrito.
Asimismo, según ha recogido la web magisnet.com, los impulsores exigen a los representantes alcanzar un Pacto Social por la Educación para blindar que el sistema educativo fomente la inclusión de todos los alumnos “con pluralidad, sin imposiciones y de acuerdo a las convicciones de los padres”.
Por el momento, la campaña ya ha aterrizado en forma de adhesión a Madrid, Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y Murcia.
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