En un comunicado, la empresa asegura que convocará en los próximos días a una reunión a los trabajadores para iniciar un proceso de negociación que esperan que se desarrolle durante los meses de mayo y junio. La compañía, recoge Europa Press, achaca esta decisión a la pérdida de ingresos como consecuencia de la hipercompetitividad del mercado y la multiplicidad de actores ‘low cost’.
Orange ha argumentado que lleva más de 20 años asumiendo inversiones intensivas y “que necesita seguir haciéndolo en un entorno de transición ecológica”, por lo que “garantizar la competitividad de la compañía” resulta imprescindible.
El consejero delegado de la empresa en España, Jean-François Fallacher, ya había dejado abierta la puerta a despidos como parte del plan de reestructuración de costes durante la presentación de los resultados del primer trimestre de la compañía. El presidente del comité de empresa de la compañía en Madrid, Ernesto Serrano, en declaraciones a Europa Press, no ha dudado de calificarlo como un “despido colectivo” y asegura que la empresa ha alegado razones técnicas y de estructura para presentarlo.
Por su parte, desde Comisiones Obreras aseguran que les han emplazado a reunirse con la empresa a finales de mes para comenzar con las negociaciones y que los despidos afectarán únicamente a la sociedad principal del grupo y no a otras como los ‘call-center’, la fundación o las tiendas propias.
Esta mañana también se ha conocido que Adolfo Domínguez ha rebajado a 259 los trabajadores afectados por el ERE, frente a los 295 que planteaba la empresa inicialmente. Del total, 55 son prejubilaciones de mayores de 58 años, mientras que habrá 204 despidos: 139 en tiendas y 65 en servicios centrales.
Así se recoge en el acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos, a falta de que sea ratificado y firmado, informa Europa Press. Igualmente, se fija una reducción del número de tiendas que iban a contar con modificación horaria, de forma que se mantienen en su horario previo a la covid.
Los trabajadores afectados por despido forzoso tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades -calculadas sobre el salario bruto, computado sobre los últimos 12 meses trabajados-. Aquellos trabajadores que cuenten con una antigüedad superior a los 25 años, percibirán una prima adicional de 3.000 euros.
En el caso de trabajadores que tengan cumplidos 55 años o más años, la empresa sufragará el coste del convenio especial con la Seguridad Social, que debe suscribir el trabajador, en los términos que fija la ley.
Asimismo, para los menores de 58 años, se abrirá un plazo de cinco días naturales para adscripción voluntaria, de forma que la empresa contactará con cada trabajador individualmente para informar del mismo y de la fecha de comienzo de plazo.
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