Nueva puerta giratoria para el exdirector de la Guardia Civil: recibe el ‘ok’ para trabajar en una empresa de armas

Según el listado de autorizaciones a ex altos cargos del Portal de la Transparencia del Ejecutivo, el exdirector de la Guardia Civil bajo la batuta del exministro Jorge Fernández Díaz, Arsenio Fernández de Mesa, obtuvo el pasado el pasado 25 de agosto la aprobación para trabajar en una cuarta empresa antes de que se cumplan los dos años desde su cese.

La pasada primavera fue muy prolífica laboralmente para De Mesa: en marzo se conoció que el ex alto cargo, que dejó de dirigir la benemérita en noviembre de 2016, fue autorizado a trabajar como consejero de Red Eléctrica, pero también en Preventia Neuro-Technology y Absylum Integral Services, compañías del sector salud y de carburantes respectivamente.

Y en verano continuó la racha: una autorización firmada el 25 de agosto permitía al ex director de la Guardia Civil a trabajar en Oto Melara Ibérica, una empresa del sector defensa, precisamente la parcela en la que ocupó un alto cargo público.

OTO Melara Ibérica es una empresa filial de la sociedad italiana Finmeccanica Defence Systems Division creada en 2003. Con sede en Valencia, se especializa en la fabricación de tanques y accesorios de armamento terrestre, sistemas armados de control remoto o torres navales. “A lo largo de su historia, OTO Melara Ibérica ha logrado afianzarse en el mercado como una empresa sólida en el sector de la Defensa. Para ello cuenta con un equipo de profesionales joven y altamente preparado, con experiencia constrastada en diversos sectores”, se lee en su web.

Y ahora, además, podría contar en su plantilla con un ex director de la Guardia Civil. Este empleo, el cuarto para el que Fernández de Mesa pide autorización en menos de un año, deja en evidencia el control teórico que el Gobierno despliega sobre los altos cargos salientes.

Fuentes del PP matizan a este medio que el exdirector de la benemérita solo trabaja actualmente en Red Eléctrica. «El resto son solo autorizaciones», defiende el PP, insistiendo en que el permiso del Gobierno no implica que el interesado acabe finalmente trabajando en los cargos para los que pide consentimiento.

Lo relevante es que el Gobierno las acepte, en cualquier caso. La ley establece que “durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses”; es decir, para evitar las llamadas ‘puertas giratorias’ e impedir que los exdirigentes políticos saquen rédito privado de su poder público o que las empresas se beneficien de ello. Los altos cargos son fichajes muy codiciados en sociedades privadas por su capacidad de influencia ante los resortes con más poder de cada sector.

En este sentido, el cuarto empleo autorizado a Fernández de Mesa, directamente relacionado con el campo del que provenía como cargo público, pone de relevancia que la cuarentena de dos años es sumamente flexible según el Gobierno, el encargado de otorgar los permisos para usar ‘la puerta giratoria’ antes de tiempo.

Fernández de Mesa accedió al funcionariado mediante un puesto de administrativo del Grupo D, con funciones de auxiliar de jardinería y del que estuvo de excedencia durante años. Comenzó su carrera ocupando varios cargos adscritos a Alianza Popular y al Partido Popular en su localidad natal, Ferrol, y en la provincia de La Coruña, hasta ser nombrado delegado del Gobierno en Galicia en el año 2000.

Desde ese puesto fue el encargado de lidiar con la catástrofe del Prestige y con las clamorosas críticas por la acción del Gobierno en aquel desastre medioambiental. «Probablemente el fuel no toque la costa gallega», llegó a defender cuando el petrolero encalló frente a la Costa da Morte en 2002.

Vivió otro de los grandes episodios oscuros de su carrera al mando de la benemérita: 15 inmigrantes murieron en 2014 entre pelotas de goma y botes de humo lanzadas por agentes de la Guardia Civil mientras trataban de alcanzar a nado suelo ceutí. El caso llegó a los tribunales, hubo 16 guardias civiles imputados, y finalmente se archivó la polémica causa.

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