La venta del 7,5% del capital de Bankia vuelve a evidenciar la falta de respeto del Gobierno por el patrimonio público. El escaso aprecio por el principio de lo público, entendido como patrimonio de la comunidad, que pone de manifiesto la clase política española, resulta digno de estudio. Pero como aquí no hacemos historia, y sólo tratamos asuntos de actualidad, dedicaremos este espacio al último episodio de la saga: la venta a inversores particulares del 7,5% del capital de Bankia, una entidad cuyo saneamiento le ha costado al Estado 22.424 millones en ayudas públicas directas, según las cifras reconocidas oficialmente.
Una enorme cantidad de dinero asumida por los contribuyentes que, sin embargo, no parece darles derecho a conocer todos los detalles de la operación, que se ha realizado con todas las características de nocturnidad y alevosía imaginables.
Es cierto que este tipo de colocaciones se realizan, en general, con rapidez, de forma discreta y cuando los mercados están cerrados. Pero estamos hablando de un sistema pensado para transacciones entre empresas privadas, no para las instituciones que deben su continuidad y su existencia al dinero público ‘enterrado’ en ellas. En ese último caso, se requiere un mínimo de luz y de presencia del Estado, a través de representantes con poder de supervisión, que garantice tanto el buen fin de las operaciones como su correcta realización. Y, por supuesto, también un grado extremo de transparencia.
Es obvio que estas condiciones no se han dado en este caso.Y ya que desde medios próximos a Bankia se ha planteado que su proceso de ‘reprivatización’ se inspira en el usado por Reino Unido para Lloyds, sin ánimo de anticiparnos, nos gustaría recordar la detallada información que la Oficina de Auditoría Británica (NAO, por sus siglas en inglés) proporcionó a los contribuyentes sobre los pormenores de la colocación del 6% del banco entre inversores institucionales.
El pasado 18 de diciembre la agencia Bloomberg, en su crónica sobre el asunto titulaba textualmente: «La venta de acciones del británico Lloyds deja pérdidas para el contribuyente, según la NAO». Es decir, que los portavoces del organismo público que se responsabilizaban de la operación, reconocían que esta había tenido un coste para los ciudadanos. Y para hacerlo restaban a las supuestas plusvalías generadas por la venta de las acciones el dinero pagado por el Tesoro en concepto de intereses por las emisiones de deuda que tuvo que realizar para financiar el rescate de la entidad.
En el informe se aportaban también todos los datos correspondientes a las tarifas y las comisiones obtenidas por los ‘colocadores’ y se exigía los encargados de diseñar las nueva operaciones de venta que tuvieran en cuenta todos los costes que han tenido que soportar los contribuyentes antes de fijar el precio o difundir datos que indicaran unas supuestas plusvalías inexistentes.
Aquí habrá, por lo tanto que esperar y ver si en seis o siete semanas, la institución pública correspondiente presenta un informe similar o parecido al realizado por el Estado británico. Aunque los precedentes no invitan a pensar en que pueda ser así. Sin necesidad de remontarnos muy atrás en el tiempo se encuentran ejemplos evidentes del escaso amor por la transparencia con que suelen tratarse estos asuntos relacionados con el rescate del sistema financiero.
Podría valer el caso de la ventajosa entrega de Novagalicia, la entidad resultante de la fallida fusión de las cajas gallegas, al grupo de financieros venezolanos propietarios de Banesco, un banco cuyos activos son sólo la tercera parte de los que posee la entidad española de la que se va a hacer cargo.
Y, de momento, ningún representante público ha explicado los pormenores económicos de una operación que como mínimo va a generar unas pérdidas superiores a 8.000 millones de euros a todos los españoles, puesto que el Estado ya ha empleado más de 9.000 en el saneamiento y sólo cobrará 913, a plazos y hasta 2018, por la venta. Sin contar con que hay comprometidas garantías adicionales para cubrir hasta un 85% de posibles gastos derivados de determinados litigios. Sin que, según algunos sindicatos, se hayan establecido en el contrato límites máximos a la cantidad total.
Una forma de actuar que, volviendo al informe del auditor público británico sobre Lloyds, se ‘prohibía’ expresamente en Reino Unido como esquema para ‘reprivatizar’ un banco rescatado. Con un argumento de peso, el hecho de que había que evitar a toda costa la simple posibilidad de que un grupo privado concreto hiciera negocio gracias al dinero de los contribuyentes empleado para el saneamiento de esa entidad. Una cautela que no parecen haber tenido en cuenta en absoluto el entorno del Gobierno español a la hora de ‘cerrar’ la peculiar subasta de Novagalicia.
Tampoco hay ni luz ni taquígrafos en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb. Ese banco malo que posee unos activos dañados por valor de casi 70.000 millones de euros y al que se trata de hacer pasar por privado, puesto que su capital está repartido entre entidades financieras (todas las compañías relevantes de España menos el BBVA), que tienen un 55%, y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB que posee el 45% restante. Una fórmula utilizada para que la deuda pública generada no incremente el déficit.
Pero lo que no se cuenta luego es que los bancos que participan en el capital limitan su compromiso con la institución al dinero desembolsado por ellos para constituir la sociedad. En total, 2.607 millones entre capital y deuda subordinada, mientras que el estado, además de haber puesto 2.192 millones es quien asume el riesgo derivado del total de los activos dañados asumidos por la entidad.
Al final, empieza a resultar difícilmente tolerable la discrecionalidad con la que el actual Gobierno sitúa en zonas de penumbra este tipo de operaciones que implican dinero público, sobre todo cuando se sitúan en las zonas cercanas al mundo financiero. Y también llama poderosamente la atención que la oposición no exija explicaciones detalladas sobre estos asuntos tan delicados. A lo peor lo que sucede es que defender lo público sigue sin estar de moda.
