La ‘Plataforma Afectados por Coronavirus‘ ha reclamado este miércoles la constitución de una mesa de diálogo, en la que estén representadas las personas que han sufrido fallecimientos de familiares y los propietarios de las residencias de mayores, a quienes piden apoyo emocional, psíquico y económico, evitando así una litigación «masiva».
Así lo han solicitado en un una rueda de prensa telemática los representantes y miembros de la entidad Ángel Juárez, Abraham
Granadino y Ana Romero, socia de Cremades & Calvo-Sotelo (bufete contratado para la asistencia legal) y directora del área de responsabilidad civil y daños personales.
«Hacemos un llamamiento a todos los grupos de inversión, que son los propietarios de la mayoría de los geriátricos de este país, para que se sienten, no se vayan», ha afirmado Juárez, que sostiene que el diálogo esta «cerrado completamente». Así, ha pedido una mesa de dialogo «para que haya un apoyo psicológico, un apoyo económico».
Según ha aseverado, el objetivo de la plataforma «no es hacer litigios y llenar los juzgados de denuncias», sino pedir justicia, que se clarifique qué ha ocurrido y que se «pueda devolver la dignidad» a los casi 27.000 fallecidos.
UNOS 1.000 LITIGIOS PRESENTADOS
«Nuestro objetivo es que a los afectados, muertos y no muertos, se les dé una solución», ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que se teme que, «ahora que está pasando un poco el dolor y el duelo» de los familiares, «puedan llenarse los juzgados de muchísimos litigios más de aquí a Navidad». La plataforma estima que en la actualidad hay unos 1.000 litigios presentados.
En este contexto, el portavoz de la plataforma ha reiterado que las normativas relativas a las residencias de mayores «han quedado viejas, obsoletas» y solicitan una actualización, incluso, a nivel europeo.
Por otro lado, Juárez ha señalado que, desde la plataforma, no están viendo «signos de avanzar» por parte de las instituciones públicas. En este sentido, ha insistido en que la auditoría independiente, que analice lo sucedido en todas las residencias de España, es «clave para poder andar y caminar, y hacer un análisis de qué ha pasado». «La auditoría, urgente y ya, sea autonómica o privada», ha subrayado, quien teme que volver a llegar «tarde» ante los rebrotes de centros en Aragón, Cataluña o Madrid.
«Se empiezan a pasar la pelota de unos a otros», ha declarado Juárez, que ha recordado que, en la reunión mantenida comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad del Congreso, ya pidieron a sus miembros que se enviara a las CC.AA. una circular reclamando la auditoría o que faciliten información «transparente».
Por su parte, Abraham Granadino ha insistido en que la entidad no quiere llegar a los litigios, que aparecerán «de forma masiva», sino tener la oportunidad de «poder hablar y buscar una solución» para que no se vuelva a repetir la situación de personas fallecidas «sin poderse despedir de sus familias».
Según ha detallado Romero, lo que buscan las familias es «tratar de restaurar, en la medida de lo posible, la dignidad de las víctimas, reparar el sufrimiento de los familiares por medio de una indemnización», así como conocer qué ha pasado y las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento de su ser querido.
Ana Romero ha destacado que el proceso de investigación de cada caso «está siendo muy complejo» por la dificultad de acceso a la documentación de los centros y las administraciones. La entidad no descarta llevar el proceso por la vía penal. «Ojalá, muchos de ellos entren en la cárcel», ha apostillado Juárez.
«Vamos a utilizar todos los medios jurídicos». Vamos a intentar pedir justicia y que no se vayan muchos sin haber pagado lo que ha hecho mal», ha explicado Juárez, para después añadir antes los «miles» de fallecidos: «Me imagino que habrá aquí algunos responsables aparte del coronavirus».
