La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se amplíe el plazo de instrucción sobre el Banco Popular dos años, al no haber recibido aún el informe pericial del que dependen futuras pruebas, incluidas las declaraciones de investigados y testigos.
En el informe, que recoge la agencia Efe, el fiscal Antonio Romeral ampara su petición en la “indudable complejidad y laboriosidad” del peritaje, que “revisa la gestión de una de las principales entidades bancarias de España” y que “precisa del tiempo que se está empleando para su elaboración”.
El 23 de marzo de 2018, el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, declaró la causa compleja dados los “miles de perjudicados y el considerable número de querellados”, motivo por el que concedió una prórroga inicial que expira el próximo día 3 de abril, según recuerda Efe.
Ahora será su sustituto al frente del caso, el juez José Luis Calama, quien decidirá si admite la solicitud del Ministerio Público, hecho que podría ocurrir esta misma semana, según apuntan fuentes jurídicas a la agencia.
