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Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria dan al Gobierno su receta para pinchar la burbuja del alquiler

Los agentes inmobiliarios piden medidas contra la espiral ascendente y descontrolada de las rentas
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Los agentes inmobiliarios piden medidas contra la espiral ascendente y descontrolada de las rentas

Los API piden declarar la vivienda como bien de interés general, incentivos fiscales, un censo nacional de viviendas vacías, más oferta pública y ampliar la duración de los contratos.

jueves 20 de septiembre de 2018, 08:21h

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) han hecho llegar al Ministerio de Fomento los ingredientes de su receta para ‘pinchar’ la burbuja del alquiler, que pasan por la necesidad de alcanzar “un gran pacto de Estado sobre la vivienda defendiendo su función social”, en el que se declare “la vivienda como bien de interés general que necesita de especial protección en su acceso seguro y en su tenencia pacífica”.

Los API además piden medidas fiscales que incentiven la oferta de alquiler y rechazan sanciones a las viviendas vacías, y así se lo han hecho llegar al Ministerio de Fomento con el que dicen estar colaborando para “conseguir un mercado equilibrado del alquiler de vivienda y evitar la espiral ascendente descontrolada de las rentas”. Informando que estas propuestas se las hecho llegar los responsables del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria a la Secretaria General de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, en una reunión en la que han abordado la anunciada nueva normativa de vivienda y, en concreto, la problemática del precio del alquiler en España.

En este encuentro, el presidente del Consejo General API, Diego Galiano, y el tesorero, Manuel Rodríguez, pusieron sobre la mesa la necesidad de que exista una fiscalidad favorable al arrendador tradicional para conseguir más oferta privada en el mercado y bajar los precios de la renta del alquiler. “La ventaja fiscal es una seria motivación para que los propietarios de viviendas vacías las pongan en el mercado y puedan cumplir su función social. Por el contrario, las medidas limitadoras de rentas o coercitivas sobre propietarios de pisos vacíos pueden resultar arbitrarias, perturban las leyes del mercado libre y fomentan la economía sumergida”, indicó el presidente del Consejo General API.

Además, este colectivo profesional propone una serie de medidas en el arrendamiento de vivienda para equilibrar este mercado y hacerlo seguro y fiable, ya que en palabras de Diego Galiano, “estamos obligados todos a humanizar el alquiler de vivienda”.

La primera de las medidas que proponen los API es una “fiscalidad favorable al arrendador sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y al alquiler tradicional”. Y apuntan por ejemplo en el “momento de la venta de la vivienda, todo aquel que haya destinado su propiedad al alquiler LAU durante unos años determinados, podría tener una exención de la variación patrimonial en IRPF, total o parcial”. Y añaden que “también podría estudiarse distribuir el esfuerzo fiscal entre las administraciones, y así, al momento de la compra de la vivienda, las CCAA podrían reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, o su devolución parcial posterior, si el comprador acredita haberla destinado a alquiler tradicional durante un determinado tiempo. La acreditación del alquiler se haría solo con el depósito de las fianzas.”

El segundo punto que indican para impulsar la oferta en alquiler y moderar los precios es la aumentar la seguridad jurídica. Recuerdan estos profesionales que “junto a la ventaja fiscal, la otra razón que limita la oferta son los miedos de los arrendadores a no percibir su legítima renta, a sufrir daños en sus viviendas, o la demora en recuperar la posesión”. Y creen que a solución pasa sin duda por agilizar aún más los procesos judiciales de desahucios, en común acuerdo con las comunidades autónomas de las que dependen los recursos técnicos y humanos. Subrayan que la rapidez procesal que demandan “no es quitar garantías de defensa”.

El tercer aspecto que consideran clave es incrementar el parque público de viviendas para alquilar. Admiten los API que la oferta de vivienda pública es decisiva, aunque también reconocen que “es la solución más lenta, pues durante el proceso de recesión inmobiliaria y financiera desaparecieron por completo las grúas del sector público, y ya vamos tarde. E incide Galiano que hay que prestar una especial atención a los grandes tenedores de vivienda pública, “pues cuando la vivienda pierde su función social se convierte en un mero activo patrimonial objeto de negocio”. En vivienda pública no puede permitirse nunca la especulación”, subraya el presidente del Consejo General API.

Igualmente, consideran necesario ampliar la duración del contrato del alquiler y regular las garantías adicionales para evitar excesos por parte de los caseros. Estiman que “a mayor duración del contrato mínimo obligatorio a 5 años dará más estabilidad familiar al inquilino, logrará que las viviendas se mantengan en el circuito de alquiler tradicional por más tiempo, y podrá combatirse así el incremento alocado de las rentas”. Y que del mismo modo “cabría poner límite equilibrado a las garantías adicionales a la fianza, evitando abusos de sobrefianzas desproporcionadas, y asegurar siempre la devolución de la misma al inquilino conforme a su fin legal”.

Añaden los API a sus propuestas la petición de un censo nacional de viviendas vacías, convencidos de que “ninguna medida podrá aplicarse si se desconoce la cuantía del objetivo y si no queda perfectamente definido el concepto de vivienda desocupada”. Ya que consideran que la información que ofrecen las empresas suministradoras y su cruce con las fianzas depositadas de alquiler, deberían dar una aproximación al volumen de vivienda vacía en este país. Y dan la pista de que “el control de todas las fianzas es sin duda el núcleo de la cuestión para obtener información y realizar análisis certeros”.

Además, los agentes inmobiliarios apuestan por la profesionalidad en el sector, en la opinión de que es la mejor manera de proteger a los consumidores y usuarios en materia inmobiliaria. Juzgan preciso “poner orden y control en el sector de la intermediación y gestión inmobiliaria”, y piensan que este nuevo proyecto de ley de vivienda “parece una buena oportunidad para crear un marco jurídico y un registro obligatorio de agentes que reúnan las condiciones mínimas exigibles”.

Creen que de la mayor profesionalización se beneficiaría el mercado de alquiler “pues los profesionales registrados deberían asumir obligaciones y responsabilidades como “preservar la seguridad jurídica en los arrendamientos”, garantizar el equilibrio entre casero e inquilino, asesorar durante toda la relación arrendaticia, depositar las fianzas y recuperarlas en su momento para mayor seguridad de su devolución al inquilino.

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