La patronal de logística y paquetería UNO carga contra Amazon, a la que acusa de utilizar vehículos particulares para repartir paquetes a sus clientes, algo que incumpliría la normativa de transportes terrestres. Se refiere al servicio Amazon Flex, por el que el gigante del comercio ‘online’ contrata repartidores autónomos con coche propio para entregar pedidos. Al respecto, exige a las administraciones pertinentes que vigilan a la multinacional y a otras compañías que echan mano de servicios similares.
Según la organización, pueden verse “colas de vehículos particulares” en las plataformas logísticas de estas empresas y estos automóviles “no son aptos para la realización de servicios de transporte de mercancía”. Sostiene además que los autónomos contratados “tampoco están administrativamente autorizados para la realización de dicho tipo de transporte”.
En este sentido, UNO recuerda que el reparto de mercancías está claramente regulado en España y es necesario para facturar por la prestación de servicios de transporte “ser titular de una licencia o autorización que habilite para realizar el transporte”, tal y como indica el artículo 22 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). El Reglamento de Circulación regula cómo se debe transportar la carga en un turismo, “pero siempre entendida como enseres propios y particulares del titular del vehículo, no como transporte de mercancías de terceros, que es considerado un servicio público y para el que se requiere una autorización de transporte”, sostiene la patronal.
Por lo tanto “no es legal de ninguna forma hacer reparto en coches particulares”, apunta la organización. “No estamos a favor de precarizar esta actividad y de introducir la explotación laboral en el reparto de mercancías. Es más, si se permite este tipo de actuaciones a unas empresas queremos saber por qué a los demás se nos exige cumplir con la normativa favoreciendo un doble marco normativo que atenta a la libre competencia”, añaden desde UNO.
También pone el foco en la normativa laboral, pues apunta que “toda prestación de servicios de transporte o mensajería realizada con habitualidad y en vehículo de menos de 2.000 kilos de Peso Máximo Autorizado (PMA) está legal y jurisprudencialmente considerada como laboral”. “Nuestras empresas hacen un uso intensivo de las nuevas tecnologías como motores de competitividad y eficiencia, pero eso no puede convertirse en una excusa para desregular el sector, precarizarlo y convertirlo en una selva”, subraya al respecto la patronal.
Por todo ello, reclaman a las diferentes administraciones públicas que garanticen el cumplimiento del marco legal a todas las empresas que para su actividad realizan o subcontratan reparto de mercancías, también a las que dicen pertenecer a la llamada ‘economía colaborativa’ porque, de lo contrario, “se estará permitiendo una flagrante competencia desleal que puede llevarse por delante muchos miles de puestos de trabajo con garantías que se han creado en nuestro país”.
