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La Complutense niega trato de favor a Cifuentes y recuerda que solo cumple la ley

Cristina Cifuentes y rectores universitarios.
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Cristina Cifuentes y rectores universitarios. (Foto: Comunidad de Madrid)

La expresidenta solicitó su reingreso a su puesto como funcionaria en la universidad madrileña, lo que ha levantado protestas de estudiantes.

miércoles 16 de mayo de 2018, 13:10h

La Complutense sale al paso de las protestas por el regreso de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, a su puesto como funcionaria en la universidad pública madrileña, En un comunicado, recuerda que la popular, dimitida por el escándalo de la falsificación de su máster, “tiene la condición de funcionaria del subgrupo A1 de la UCM, habiéndose encontrado, durante su período como diputada electa de la Asamblea de Madrid, en situación de servicios especiales”

La institución de enseñanza superior recuerda que fue la propia Cifuentes la que solicitó su reingreso el pasado 9 de mayo, tras renunciar a su escaño en la Asamblea. “Siguiendo lo reglamentado y el procedimiento habitual en los casos de reingreso de funcionarios en su situación, Cifuentes ha quedado asignada a la plaza que tenía en reserva, en este caso un puesto base, nivel 24, con las retribuciones que le corresponden según los PGE, y en el que desde Gerencia se le asignarán los cometidos oportunos”.

Recientemente trascendió que la universidad aún no había asignado puesto y tareas a la expresidenta del PP madrileño, aunque sí se activó el contador de los días que se computarán en la próxima nómina de Cifuentes.

“La UCM tiene la obligación de aplicar escrupulosamente la Ley, como lo está haciendo, evitando cualquier trato de favor, pero garantizando, al mismo tiempo, los derechos que, en este momento, como funcionaria le correspondan a la señora Cifuentes”, explica la universidad.

Y recuerda que el propio rectorado solicitó “de forma pública y reiterada la asunción de responsabilidades políticas a Cristina Cifuentes como consecuencia de las irregularidades detectadas en el Máster realizado en el Instituto de Derecho Público de la URJC”.

“Una vez asumidas éstas, corresponde a la Justicia decidir si existen responsabilidades penales, así como los términos en que éstas pudieran sustanciarse y que la UCM acatará inmediatamente”, apunta el rectorado.

“Mientras tanto es obligación de la Universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos de todos nuestros funcionarios y trabajadores, respeto que pedimos también a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, al tiempo que continuaremos trabajando y defendiendo el prestigio de la Universidad Pública frente a las sombras de sospecha que indiscriminadamente se vierten sobre ella y evitar cualquier uso interesado de la misma”, concluye el comunicado.

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