La Oficina del Defensor del Pueblo no intercederá para la anulación del Ducado de Franco ante ninguna institución del Estado. Así lo denuncia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que presentó una queja ante este organismo ante la renovación del título nobiliario concedido en 1976 por Juan Carlos de Borbón.
Según la ARMH, la tramitación de la sucesión del ducado por parte del Ministerio de Justicia “atenta contra el honor de las víctimas de la dictadura franquista y supone la participación en un gesto de enaltecimiento de la dictadura y de la corrupción, el saqueo y la agresión a los Derechos Humanos que encabezó el dictador Francisco Franco”.
Esta asociación lamenta que la respuesta del Defensor del Pueblo a su queja al respecto haya sido asegurar que carece de competencias para llevar a cabo ningún tipo de actuación y emplaza a la ARMH a dirigirse a Felipe VI. Y lo hace con las siguientes palabras:
“Dicha facultad de otorgamiento (o supresión de un título) se ejerce por el Rey y se materializa a través de una Real Carta, que surte efectos frente a terceros una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado el correspondiente Real Decreto”, señala la Oficina del Defensor del Pueblo. Este organismo manifiesta que “como el resto de las atribuciones que ostenta la Corona y que le han sido atribuidas a la Jefatura del Estado por nuestra vigente Constitución, la supervisión de su ejercicio queda fuera del ámbito de competencias que esta institución tiene asignadas”.
Por ello, “no resulta posible intervenir en el asunto planteado en su queja conforme al marco competencial que tiene atribuido el Defensor del Pueblo”.
