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Villar Mir y López Madrid declaran por contratos irregulares y mordidas en obras de Metro

Villar Mir y López Madrid declaran por contratos irregulares y mordidas en obras de Metro
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El cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, afirmó que Granados y el empresario de OHL se repartieron mordidas de 3,6 millones por la adjudicación de obras de metro ligero.

martes 06 de febrero de 2018, 09:37h

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Egea ha citado a declarar este martes como imputado en la trama Púnica al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y al empresario Javier López Madrid, su yerno, imputado anteriormente en la causa. Lo hacen por el supuesto pago de comisiones a la Consejería de Transportes de Madrid, dirigida en aquellos momentos por Francisco Granados, a cambio de adjudicaciones públicas a OHL.

Según recoge Europa Press del auto del magistrado que investiga la trama Púnica, se les acusa de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

También están llamados a declarar por los mismo delitos Rafael Martín de Nicolás, expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL); Jesús Miguel Trabada, exconsejero delegado de Mintra (empresa pública ya extinta) y Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, empresa esta última vinculada al presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza.

Desde que este constructor comenzó a cooperar con la justicia en 2015 confesó nombres y hechos relacionados con la trama de mordidas en torno al Gobierno del PP en Madrid en los años 2000, muy centrada en la consejería de Transportes con el que más tarde sería consejero de Presidencia y mano derecha de la presidenta Esperanza Aguirre, Francisco Granados.

El cabecilla afirmó que tanto él como Granados y López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de tres obras de Metro en 2004 a una empresa del propio Marjaliza. En concreto, se refirió al Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

De Egea explicó en su auto que de las pesquisas desarrolladas se deduce que Granados, “abusando de su posición” al frente de esta Consejería, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum a cambio del pago de “importantes comisiones”.

En dicho concierto participaría Javier López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

Al respecto, el juez recordó en su auto que ya se identificó a la constructora OHL como presunto donante del Partido Popular madrileño de acuerdo con las anotaciones recogidas en la agenda intervenida a Granados; hechos que integran la pieza que investiga la presunta financiación irregular de la formación popular en Madrid.

Facturación falsa

Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión SL. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital), según recoge Europa Press.

Las intervenciones telefónicas permitieron revelar que el exconsejero delegado de la empresa pública, Mintra Jesús Trabada, constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados.

Mintra fue la entidad a través desde donde se adjudicaron los contratos licitados para la construcción determinadas líneas de metro, de acuerdo con el auto del juez.

El magistrado también menciona los correos cruzados en enero de 2011 entre Rafael Martín de Nicolás, quien fuera ejecutivo de la constructora de OHL, López Madrid e Ignacio Palacios, entonces consejero de Arpegio, de cara a que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo de Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados por Arpegio.

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