Gobernar a golpe de recurso de inconstitucionalidad. Esa parece haberse convertido en la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy para evitar que las Comunidades Autónomas legislen a ‘su antojo’. Esta vez, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley ‘anti-fracking’ realizada por el gobierno de Castilla-La Mancha.
El Constitucional ha compartido la admisión a trámite del recurso contra varios preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1/20017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburo utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
El gobierno del socialista Emiliano García-Page, junto a Podemos, puso en marcha en abril de 2017 la ley ‘anti-fracking’ de Castilla-La Mancha. Una ley que, para evitar el recurso del Gobierno, se realizó incluyendo muchos condicionantes ambientales y sin ninguna prohibición al fracking. Simplemente se establecieron requisitos muy exigentes – prácticamente imposibles de cumplir – para realizar estas prospecciones.
Estas condiciones impuestas contaban con el beneplácito del gobierno regional ya que forman parte de la competencia autonómica en materia medioambiental.
No obstante, el Gobierno decidió recurrir esta ley al considerar que traspasaba competencias y afectaba a cuestiones cuya responsabilidad es del Gobierno central.
El ‘fracking’ es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo.
El Tribunal Constitucional (TC) ya ha ratificado en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria y en La Rioja, o en 2016 en Cataluña.
