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El rechazo al decreto de alquiler turístico de Cifuentes une a vecinos y hoteleros

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
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Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Piden que las comunidades no precisen unanimidad para vetar la actividad, restringir más el número de pisos turísticos por edificio, que no se alquile por habitaciones y que se limite a tres meses al año.

miércoles 10 de enero de 2018, 08:00h

El decreto con el que el Gobierno de Cristina Cifuentes pretende regular el alquiler turístico de viviendas no convence a los vecinos, especialmente a los que residen en la capital, por lo que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid (FRAVM ) vaticina que habrá una “avalancha” de alegaciones antes de que este viernes finalice el plazo para presentarlas.

Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, explica que cada asociación del centro presentará un escrito de alegaciones diferente y que además muchas de estas asociaciones y algunos particulares están repartiendo formularios tipo para solicitar al Ejecutivo autonómico que modifique un decreto que consideran no protege el uso residencial de los edificios y que “en vez de solucionar los problemas y buscar como aminorar el impacto de estas viviendas turísticas abre la mano y liberaliza la actividad”.

El representante de la federación vecinal explica que “todos los escritos de alegaciones tendrán el mismo espíritu y que habrá sintonía entre las asociaciones ya que la principal reclamación es que se dé poder a las comunidades de propietarios para opinar y prohibir que una vivienda se alquile a turistas y que esto no se pueda hace en contra de la voluntad de la mayoría”. Por ello piden que para que una comunidad pueda vetar un piso turístico –lo que requiere la modificación de sus estatutos- baste el voto de la mayoría de los propietarios y no tenga que adoptarse por unanimidad, tal y como establece Ley de Propiedad Horizontal (LPH)

Pérez Quintana sabe que desde el Gobierno de Cifuentes van a argumentar que se trata de un ley estatal pero aclara que lo que pretenden es que Cifuentes presione al Gobierno central para modificar la LPH, una reforma que reclaman también se aproveche para que se puedan incrementar los gastos de comunidad a quienes dediquen su vivienda a alquilarla con fines turísticos.

Además, de estas alegaciones, la Asociación de Vecinos de Chueca ha puesto en marcha una recogida de firmas en Change.org en esta misma línea y en la que piden que la nueva normativa establezca como condición ineludible que la autorización para dichos pisos turísticos requiera en las comunidades de propietarios la autorización.

Otra de los reclamaciones que hacen las entidades vecinales es que las viviendas se puedan alquilar a turistas un máximo de tres meses al año y no los 365 días como permite el nuevo decreto y también rechazan que se permita alquilar una vivienda por habitaciones ya que –tal y como resalta Pérez Quintana “lo que hace el decreto al abrir esta puerta es convertir las viviendas en “hostales”.

Además, los vecinos también quieren que se reduzca el porcentaje de pisos que pueden tener uso turístico en un bloque, ya que creen que el límite que estable el decreto es “altísimo” puesto que el borrador permite que un edificio pueda tener hasta el 75% de sus viviendas dedicadas al alquiler turístico si es de varios propietarios, mientras que si todo el inmueble es de un único dueño, el límite de pisos de turísticos baja al 50%. Finalmente, consideran que este tipo de alquileres deberían limitarse a las plantas más bajas para reducir las molestias a los residentes.

El decreto “más laxo del mundo”

Por su parte, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) también ha informado de las líneas generales de las numerosas alegaciones que presentará al borrador del Decreto de viviendas de alquiler de uso turístico (VUT) del Gobierno Cifuentes, que califica “como el más laxo del mundo”, criticando que la normativa “renuncia completamente al espíritu que motivó la regulación originaria de las viviendas de uso turístico en el documento que ahora se modifica”.

La asociación de hoteleros advierte que aunque el documento pretendía, según el preámbulo, “paliar los efectos de una sobreoferta descontrolada de viviendas destinadas al uso turístico, establecer unos mínimos requisitos para proteger los derechos de los usuarios, acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal, y poner freno a una actividad opaca a las obligaciones fiscales”, lo cierto es que “está concebido fundamentalmente para favorecer la desregulación en beneficio de ciertos intereses empresariales pese a los enormes problemas sociales y económicos que implica esta actividad”.

Y consideran que “es necesaria una norma con rango de Ley”, ya que estiman que el “desafío que plantea el incremento de las viviendas de uso turístico no puede abordarse exclusivamente por medio de una norma reglamentaria, sino que es preciso proceder a su regulación mediante norma con rango de ley en cuya elaboración participen todas las consejerías implicadas”.

Coincidencia con los vecinos

Los hoteleros madrileños rechazan –al igual que las asociaciones vecinales- que las viviendas puedan alquilarse por habitaciones ya que consideran que el texto “no aborda en ningún momento la regulación de las condiciones en que puede ofertarse”. Por lo que exigen imponer a los propietarios de las viviendas de uso turístico la obligación de que la cesión del uso del inmueble se efectúe en su totalidad, sin que sea posible la cesión del uso por habitaciones” ya que “para esta práctica ya existe el régimen jurídico de las pensiones”.

Los hoteleros también están de acuerdo con los vecinos en cuestionar la medida que habilita a las comunidades de propietarios a prohibir en sus estatutos el desarrollo de la actividad relativa a las viviendas de uso turístico, ya que consideran que “en la práctica dicha medida carece de toda virtualidad o eficacia pues bastaría que el propietario que destina su vivienda a la actividad turística votara en contra de la adopción de la medida para que ésta no alcanzara la unanimidad requerida”.

Además, también comparten con las asociaciones vecinales la petición de que se limite el plazo de adecuación de las viviendas de uso turístico ya existentes a la nueva normativa, no más allá de tres meses, con el añadido de que proponen “tipificar como infracción grave la actividad clandestina”.

Igualmente, esta asociación de hoteleros reclama un refuerzo de los servicios de inspección, haciendo notar que es “es imprescindible un mecanismo que garantice el efectivo cumplimiento de las medidas y un incremento de los servicios de inspección que velen por su correcto cumplimiento, dotándolos de medios y recursos adecuados.

Asimismo, los hoteleros que se reconozca en la nueva norma la potestad de los ayuntamientos de establecer por medio de sus instrumentos de planeamiento urbanístico aquellas zonas de la ciudad en las que se permitirá un “uso turístico” de los inmuebles.

Con el mensaje de que lo que está en juego “es el modelo de ciudad y que para garantizar su sostenibilidad” por lo que creen, “necesario alcanzar un adecuado equilibrio entre la satisfacción de las demandas turísticas y el cumplimiento de las exigencias para garantizar a los ciudadanos madrileños una vida de calidad”. “Creemos que el barrio, sus vecinos, son los que hacen ciudad y, al mismo tiempo” por lo que exigen “evitar los elementos que han generado un incipiente y muy negativo movimiento de turismofobia”.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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