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Al PP se le amontonan los casos de corrupción en los juzgados

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

Los procesos de corrupción que salpican al Partido Popular han tenido este año un capítulo muy especial.

viernes 22 de diciembre de 2017, 17:00h

Los procesos de corrupción que salpican al Partido Popular han tenido este año un capítulo muy especial. No solo ha quedado visto para sentencia el primer macrojuicio de la trama Gürtel (el correspondiente a los años 1999-2005) -que ha sentado en el banquillo a 37 acusados, entre ellos Luis Bárcenas y varios exalcaldes y consejeros del PP- sino que también un presidente del Gobierno declaró en los juzgados por un caso de corrupción por primera vez en la democracia. Lo hizo Mariano Rajoy el 26 de julio.

Rajoy se convirtió así en el primer presidente del Gobierno en activo que –desde que se instauró la democracia en España- declara como testigo en un proceso judicial, lo que hizo a instancias de una a de las acusaciones populares, representada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade). Aunque no declaró en calidad de presidente, sino por los cargos que ostentaba en el PP en aquellos años, como vicesecretario general entre 1990 y 2003 secretario general entre 2003 y 2004 y a partir de 2004 cuando fue presidente nacional del partido.

Mariano Benítez de Lugo -el letrado que firmó el escrito pidiendo la testifical de Rajoy y que luego le interrogó en la vista- reconocía que “la declaración del presidente del Gobierno es un hito de la historia judicial española” elogiando que los magistrados “rompieran la urna de cristal” y permitieran su declaración.

Y es que además de declarar el jefe del Ejecutivo tuvo que hacerlo la sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, y no por videoconferencia como habían solicitado desde Moncloa ya que el tribunal dejó claro que Rajoy no comparecía como presidente “sino como un ciudadano español” y no consideró consistentes las razones logísticas y de seguridad que adujo Rajoy para declarar a distancia.

Ni el coste de recursos públicos ni las razones de seguridad ni la agenda del presidente que alegaron en Moncloa pudo evitar la foto en sede judicial de un Rajoy que respondió durante casi dos horas a las preguntas de la Fiscalía, las acusaciones y las defensas.

El interrogatorio buscaba dilucidar lo que Rajoy sabe de la contratación de empresas de la trama Gürtel por parte del PP y aunque el objetivo de la citación era que Rajoy diera explicaciones sobre la financiación de las campañas del Partido Popular, la supuesta contabilidad paralela o los sobresueldos que aparecen en los 'papeles de Bárcenas', el presidente del Gobierno no aportó ninguna luz. Y no lo hizo ya que se limitó a reiterar que nunca se ha ocupado de cuestiones económicas de su partido, sino únicamente de las políticas e insistir en que no tenía conocimiento de los flujos de dinero dentro de las arcas del PP ni durante las campañas electorales ni en el día a día. Por lo que la oposición en pleno criticó la comparecencia por considerar que no despejó ninguna duda, aunque ciertamente pocos esperaban que se saliera de su guion.

Prisión para Ignacio González

Pero el año no sólo será recordado por la declaración en sede judicial de Rajoy ya que unos meses antes el PP sufrió otro gran mazazo: la detención y posterior encarcelación del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en el marco de la Operación Lezo, un caso en el que se investiga su gestión en el Canal de Isabel II, empresa pública que presidió entre 2003 y 2012, antes de ocupar la presidencia del Gobierno regional.

Ignacio González ingresó en la madrileña cárcel de Soto del Real el 21 de abril por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental, por su supuesta participación en una trama de corrupción de desvío de dinero público. La Audiencia Nacional le investiga por presuntas irregularidades en la compra de empresas en Latinoamérica -concretamente por la adquisición de la compañía colombiana Inassa, y la brasileña Emissao- por las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos, además de por adjudicar de manera presuntamente irregular tanto la construcción como la gestión del campo de golf del Canal.

González salió en libertad el 8 de noviembre tras abonar una fianza de 400.000 euros y después de pasar 202 días entre rejas.

Otro peso pesado del PP madrileño que abandonó la prisión este año fue Francisco Granados, que salió el 14 de junio de la cárcel de Estremera en la que ha permanecido dos años y medio en prisión preventiva por su implicación en la trama ‘Púnica’. La alegría’ le duro muy poco al que fue consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid ya que el 4 de diciembre la Audiencia Nacional le condenó a dos años de prisión, por el chivatazo que recibió de que estaba siendo investigado por la UCO de la Guardia Civil, lo que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero.

Mientras, el expresidente balear Jaume Matas continua acumulando condenas, aunque no ha vuelto a tener que ir a prisión después de los nueve meses de cárcel que cumplió por un delito de tráfico de influencias. Ya lleva cinco condenas por diferentes casos de la macrocausa del Palma Arena y tiene pendiente la resolución del recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Nóos que le condenó a 3,8 años de prisión.

Además, 2018 empezará con más de lo mismo para los populares, ya que para el 15 de enero del 2018 está previsto que comience el juicio sobre la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. En el banquillo de los acusados se sentarán 20 personas, entre los que encuentran el presunto líder de la trama, Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Junto a cinco ex altos cargos del Partido Popular, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

Asimismo, el próximo año también viene con su propio hito judicial bajo el brazo, ya que se abre definitivamente el juicio oral por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, un proceso con el que el que Partido Popular se convertirá en la primera formación política en la historia de la Democracia española en sentarse en el banquillo por una acusación penal.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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