Carles Puigdemont es el eje gravitatorio del conflicto catalán sobre el que recaen las distintas fuerzas y presiones. Las plataformas soberanistas ANC y Òmnium, unidas a la CUP, le exigen una declaración unilateral de independencia (DUI) firme. El Gobierno, PSOE y Ciudadanos, le piden que “vuelva a la legalidad” y su partido, PDeCAT, junto a miembros de ERC, apuesta por una declaración intermedia que abra espacio al diálogo.
El presidente del Govern de Cataluña tiene que lidiar con una sociedad poliédrica a la que ha llevado a un callejón sin apenas salidas. Esta martes a las seis de la tarde, Puigdemont comparecerá en el Parlament de Cataluña previsiblemente para declarar la independencia. Este hecho cuenta con el consenso mayoritario de su gobierno y sus aliados.
No obstante, el cómo va a declararla es el hecho distintivo que agrieta al soberanismo. En estos momentos, Puigdemont tiene en mente la vía eslovena, tal y como relevó este lunes Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT. Este camino pasa por declarar tibiamente la independencia, sin apelaciones a la unilateralidad, basándose fríamente en el artículo 4.4 de la ley del referéndum y a las movilizaciones masivas de la población.
Después de esta declaración, la intención del president sería dar un tiempo indefinido a la mediación – preferiblemente internacional – y a la apelación al diálogo con el Estado. En esa estrategia, el Govern podría poner en ‘stand by’ la independencia como muestra de buena fe en su intención de dialogar.
Es decir, Carles Puigdemont puede declarar la independencia este martes pero no aplicarla hasta dentro de meses, siempre dentro de la voluntad del president.
Esta es conocida como la vía eslovena, quien tras un referéndum abrió un tiempo de seis meses hasta la declaración final de independencia. Reconocimientos externos y una guerra de diez días acabaron otorgando a Eslovenia la condición internacional de Estado. Sin embargo, este país exyugoslavo celebró un referéndum que contó con más del 90% de participación y una gran mayoría (superior al 90%) votaron a favor de la independencia.
Además, en el caso catalán, es más que probable que una declaración de independencia acabe con una activación del artículo 155 de la Constitución y con la detención de Carles Puigdemont acusado de rebelión, un delito que atisba condenas de entre 15 y 20 años de prisión.
Hay miembros del Govern y del independentismo que no ven con malos ojos esta respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que consideran que una posición beligerante del Gobierno los desacredita y otorga alas al soberanismo.
