Ayer mismo, Banco Popular era sobre el papel un banco solvente pero en dificultades que analizaba diferentes opciones sobre su futuro. Sólo unas horas después, la sexta mayor entidad del país era subastada y vendida a un precio de un solo euro después de que el Banco Central Europeo (BCE) decretase que era inviable y estaba en riesgo de quiebra.
Son varios los personajes que han quedado más o menos ‘retratados’ por la crisis del Popular, entre ellos el ministro de Economía, Luis de Guindos, que hace apenas un mes y medio destacaba que “el Popular será lo que sus accionistas quieran que sea”. “El supervisor me dice que es un banco solvente”, aseguraba entonces el ministro, que recordaba que se trataba de un “banco privado” por lo que era su equipo de gestión el que debía decidir el plan a seguir.
Hoy, una vez consumada la intervención y la posterior venta, el titular de Economía ha reflexionado que la operación suponía “una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad”.
Sin embargo, todos los focos, y buena parte de la ira de los accionistas que han perdido todo su dinero, se dirigen a Emilio Saracho, que a principios de año tomó los mandos del Popular. En su intervención en la junta de accionistas reconoció las dificultades a las que se enfrentaba el banco y abrió la puerta a una ampliación de capital, pero al mismo tiempo se mostró taxativo: “En ningún caso puedo imaginar un futuro sin Banco Popular”.
La situación en los mercados del Popular, sin embargo, pronto descartó la posibilidad de la ampliación de capital, y el banco dirigió sus esfuerzos a buscar un comprador. El proceso de búsqueda tampoco ha dado resultados: ningún banco presentó una oferta en firme por el Popular, lo que llevó al BCE a poner en marcha su proceso de resolución con el resultado conocido.
