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No sólo la estiba: España es el tercer país europeo con más procesos abiertos con Bruselas

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Acumula 168 expedientes por incumplimiento de leyes europeas y debe una multa de 46 millones por no tratar aguas residuales.

sábado 20 de mayo de 2017, 07:00h

La mediática multa tras la reforma de la estiba española es sólo un caso cerrado de los 168 procedimientos por incumplir normativas comunitarias que la Comisión Europea mantiene abiertos a España. Nuestro país es el tercer socio europeo con más procesos pendientes, y el segundo más denunciado por Bruselas en 2015, según la última memoria de la Comisión. En 2014 encabezó el ránking con 553 denuncias, la mayoría de ellas referidas a empleo y medio ambiente.

No obstante, el mecanismo para sancionar económicamente a los socios es complejo, lento, y repleto de oportunidades de enmienda. Se requiere de un “doble incumplimiento”: la Comisión Europea denuncia una infracción, la deriva al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), éste certifica la sentencia y Bruselas abre otro procedimiento con un periodo de rectificación. Si el entendimiento entre el socio y Bruselas sigue sin llegar, el caso se envía de nuevo al tribunal para que imponga una multa.

Así es como España tuvo que abonar 50 millones de euros en 2014 como sanción por las ventajas tributarias a empresas de Euskadi, las conocidas como “vacaciones fiscales vascas”, y otros 20 millones en 2012 por unas ayudas al grupo Magefesa declaradas ilegales en 1989.

En el aire, una sanción millonaria que prácticamente duplica el coste de la reforma de la estiba pero de la que apenas se habla: hace unos meses la UE imponía una multa de 46,5 millones de euros a España por una deficiente recogida de aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas en todo el país.

Se remonta a una sentencia de 2011, cuando el TJUE conminó a las comunidades autónomas a mejorar el tratamiento de unas aguas que asisten a 37 ciudades y urbanizaciones. España llevaba un retraso de 15 años en el cumplimiento de la ley europea en la materia, y la UE denunció “riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino”.

Además del recargo millonario, la Comisión suma “una multa diaria de 171.217 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución”.

No en vano el medio ambiente es la víctima en buena parte de las denuncias a todos los socios. Con España a la cabeza desde 2012, la Comisión mantiene abiertos 666 procesos relacionados con la materia, al menos una cuarta parte del total, y 68 de ellos en nuestro país. En los últimos dos años la Comisión abrió expediente a España por asuntos como los altos niveles de contaminación en Barcelona y Madrid o por la captación irregular de aguas en el entorno de Doñana.

Aunque los Estados miembros “a menudo toman las medidas necesarias para cumplir con las sentencias del tribunal”, la Comisión recuerda que a final de 2015 se mantenían abiertos 85 procedimientos después de que el TJUE se pronunciara. “La mayoría de ellos involucran a Grecia (10), Polonia (8), España (7) y están relacionados con el medio ambiente (35), transportes (12), impuestos (12) y salud y protección del consumidor (7)”, denunciaba la última memoria de la CE.

Durante ese año, España registró 342 denuncias nuevas, mayoritariamente relacionadas con el empleo, la inclusión social, justicia y consumidores y, por último, mercado interno, industria y PYMEs. A pesar de ser el segundo país más denunciado, mejoró respecto a las 553 del ejercicio anterior.

“El elevado número de procedimientos de infracción en 2015 demuestra que garantizar la aplicación de la normativa de la UE en los Estados miembros sigue siendo un reto importante”, reconoce Bruselas en su última memoria.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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