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Juicio popular al proyecto Castor

Imagen de la campaña de ODG.
Imagen de la campaña de ODG.

Convocan un proceso ciudadano contra la “impunidad” de los responsables de un plan que costará 4.700 millones a los españoles.

jueves 18 de mayo de 2017, 07:00h

“Ante la impunidad, la ciudadanía acusa”. Es el lema de la campaña contra las consecuencias del defenestrado proyecto Castor, por el que las arcas públicas ya han pagado 1.700 millones de euros y que cargará otros 2.400 millones en las facturas de gas de los españoles hasta 2044. “Nos estamos organizando”, advierte el Observatori del Deute en la Globalització, impulsor del juicio ciudadano junto a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor.

Los colectivos denuncian que “el desenlace del proyecto parece no llegar nunca”. Recuerdan que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia viene alertando desde 2007 de los peligros del proyecto de extracción de gas natural liderado por ACS, propiedad de Florentino Pérez. “Ha denunciado incansablemente diferentes procedimientos, permisos y prácticas controvertidas durante todo el proceso, y ha hecho una tarea de información, control ciudadano y participación activa que la administración y la misma empresa promotora han obviado y menospreciado desde el inicio”, critica la convocatoria.

Sin embargo, recuerdan que “nadie se ha hecho responsable del desastre y, en cambio, la ciudadanía ha tenido que asumir una deuda que ascenderá a más de 3.400 millones de euros, y que ya se está pagando desde el 1 de enero de 2016 en nuestras facturas del gas”.

Por el momento, permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz una investigación que enfoca a una veintena de directivos de la concesionaria del proyecto, Escal UGS (propiedad en un 66% de ACS), así como a técnicos de la Administración, para determinar posibles delitos en la concesión de autorizaciones y licencias. No en vano el proyecto comenzó a hibernar en 2013 tras provocar un millar de sismos que sacudieron las poblaciones de las tierras del Sénia, frente a Castellón y el delta del Ebro. Después de aquellos movimientos sísmicos, estudios del IGME y del IGN corroboraron la relación causa-efecto entre la inyección de gas en la planta marítima y los terremotos.

No obstante, la plataforma convocante entiende que “no hay garantías para la población de que aquellas situaciones no se vuelvan a repetir, ni tampoco de que se señalen sus responsables principales”.

“Ante esta impunidad, y casi 4 años después de los terremotos, el conjunto de la ciudadanía afectada por los impactos sociales, medioambientales y financieros del proyecto Castor, y especialmente la población del territorio que sufrió y sigue sufriendo sus consecuencias, merece un juicio justo por esta causa”. El juicio ciudadano tiene fecha, el próximo 17 de junio, y la campaña ya recoge adhesiones de particulares y organizaciones “para denunciar y juzgar estos hechos y acusar a sus responsables, con la urgencia, rigor y transversalidad que este caso requiere”.

Los acusados


Las dianas de la rendición de cuentas están bien definidas para los convocantes: “en primer lugar, la empresa ESCAL UGS, participada en un 66'6% por la empresa ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y, de manera agravada, su presidente Florentino Pérez”, acusados de un proyecto “donde los terremotos son sólo la punta del iceberg de una cadena de delitos ambientales, sociales y económicos a nivel local y global, como es la deuda generada, así como otros casos de megaproyectos impuestos e inútiles en el Estado español y fuera de éste, como es en países del Sur global”.

En segundo lugar el Gobierno español y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por “prevaricación ambiental, mala administración y ayuda estatal encubierta”. Denuncian que Industria “acompañó y aprobó costes sobredimensionados en el proyecto y garantizó el cobro a través de las cláusulas del contrato”, en lugar de garantizar el interés público.

Por último, el Banco Europeo de Inversiones, acusado de “prevaricación ambiental, generación de deuda ilegítima y financiación del modelo de gas”. Critican que el BEI posibilitara la refinanciación del proyecto Castor gracias a la emisión de bonos, y que financie otras infraestructuras en Europa con la misma lógica e impacto.

“El Juicio Popular dará voz a testimonios como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor, los cuales testificarán ante el Tribunal en relación a la opacidad, la falta de participación pública y los impactos socio del proyecto Castor”.

También se contará con diversos peritajes del ámbito geológico, medioambiental, de derecho procesal y “sobre los impactos de la financiarización y de las grandes infraestructuras fomentadas por las instituciones europeas, para explicar el modelo de industria gasística que representa el proyecto Castor”.

Por último, se dará voz a personas de “comunidades del Sur global afectadas por proyectos de la misma ACS que testificarán sobre los impactos de esta empresa fuera de las fronteras nacionales y sobre su lógica de actuación”.

El veredicto


“El veredicto y la sentencia que surjan del mismo servirán para seguir haciendo incidencia en las instituciones (locales, catalanas y estatales) y los otros actores señalados, como la empresa ACS y el Banco Europeo de Inversiones”, indican los convocantes. Creen urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales, sin olvidar “revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que asciende a más de 3.400 millones de euros y que recae sobre la ciudadanía”.

“No queremos más proyectos Castor; que la historia no vuelva a repetirse nunca más, en ningún lugar”, clama la plataforma convocante del juicio del próximo 17 de junio.
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