De acuerdo con el ‘Informe sobre la Inclusión Financiera en España’, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Castilla y León se sitúa a la cabeza con 1.814 municipios sin sucursal bancaria ni cajero. Esto afecta a 368.729 personas.
Por detrás, y a mucha distancia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, con 467, 454 y 433 localidades sin estos servicios. Si atendemos a los datos de población, esta exclusión financiera afecta a 257.617, 68.844 y 59.506 ciudadanos y ciudadanos de las citadas regiones, respectivamente.
En cuanto a las comunidades menos ‘golpeadas’ por esta situación están Canarias y Murcia, que tienen solo un municipio cada una sin oficina bancaria ni cajero (762 y 495 personas afectadas). En el caso de Baleares, la exclusión financiera la sufren tres localidades y un total de 1.181 personas. Las ciudades de Ceuta y Melilla, por su parte, se libran de esto.
Desde la AEB, su directora general, María Abascal, ha señalado que “el sector está trabajando con sensibilidad y responsabilidad para dar una respuesta adecuada a esta situación”. En esta línea, Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, ha destacado que “la despoblación en España es un fenómeno que afecta a la provisión de todo tipo de servicios”. “El sector bancario, en línea con su compromiso social, lleva muchos años desplegando medidas para favorecer el acceso de servicios financieros en las zonas rurales”, ha asegurado.
Para las citadas organizaciones, pese al ajuste en la red de oficinas bancarias de España de los últimos años, “la accesibilidad a los servicios bancarios es buena, ya que en la actualidad el 98,6% de la población reside en un municipio donde al menos hay un punto de acceso a servicios bancarios”.
