Benjamin Netanyahu se convirtió este jueves en el primer ministro en la historia de Israel acusado de corrupción, lo que atribuyó a «falsas acusaciones por motivos políticos» que equiparó con un «golpe de Estado».
El fiscal general Avichai Mandelblit «decidió presentar cargos contra Netanyahu por «corrupción, fraude y abuso de confianza», anunció el Ministerio de Justicia en un comunicado.
«Todo esto tiene como objetivo mi caída» reaccionó Netanyahu en rueda de prensa en Jerusalén, durante la cual puso en duda la independencia de la justicia israelí.
«Lo que está sucediendo es un intento de golpe de Estado contra el primer ministro», enfatizó el primer ministro, de 70 años.
Según la ley israelí, Netanyahu puede permanecer como primer ministro a pesar de esta imputación. «Continuaré dirigiendo este país», aseguró.
Su gran rival, Benny Gantz, quien tras el anuncio del fiscal aseguró que este era «un día muy triste para Israel», acusó a Netanyahu de «atrincherarse en el poder» y lo instó a «dimitir» para enfocarse en enfrentar los cargos que le imputan.
«No hay golpe en Israel, sino más bien aquellos que se han atrincherado en el poder», dijo Gantz.
El proceso podría acabar con la carrera política de quien -en el poder desde 2009- más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro.
El anuncio ocurre horas después de que el presidente Reuven Rivlin encargara al parlamento encontrar un primer ministro, luego de que Netanyahu y Gantz fracasaran en formar un gobierno.
Tras el anuncio del fiscal, decenas de partidarios del primer ministro se reunieron frente a su residencia entonando: «Todos somos Netanyahu!»
El fiscal Mandelblit inculpó a Netanyahu por tres casos.
En el llamado «caso 4000», Netanyahu es sospechoso de haber otorgado favores gubernamentales que pudieron aportar millones de dólares al jefe de la sociedad de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura mediática favorable por parte de uno de los órganos del grupo, el sitio Walla.
En el «expediente 1000», se acusa a Netanyahu de haber recibido más de 700.000 séqueles (unos 185.000 euros) de regalos de parte de riquísimas personalidades, en especial del productor Arnon Milchan y del millonario australiano James Packer, a cambio de favores financieros o personales.
En el «caso 2000», el primer ministro es sospechoso de haber tratado de lograr una cobertura favorable en el mayor diario de pago de Israel, el Yediot Aharonot.
Los jefes de los dos principales partidos del país, Netanyahu, el derechista Likud, y Benny Gantz, del centrista Azul-Blanco, han fracasado en su intento de formar un gobierno, dos meses después de las elecciones legislativas.
Rivlin encargó por ello este jueves a Yuli Yoel Edelstein, presidente del Parlamento, que encuentre a una personalidad apta para dirigir un futuro ejecutivo.
Edelstein recibe este mandato en nombre del parlamento, que tiene hasta el 11 de diciembre para presentar a Rivlin un documento firmado por al menos 61 de los 120 diputados, que se comprometan a apoyar a uno de ellos para el cargo de primer ministro.
«El Estado de Israel atraviesa un período sombrío de su historia», dijo temprano el presidente ante el parlamento, e instó a los disputados a actuar de forma «responsable» para evitar unas terceras elecciones en un año, tras las de abril y septiembre, que no hicieron posible la formación de un gobierno.
La imputación de Netanyahu podría reducir sus posibilidades de conseguir apoyos en la Knéset, el parlamento israelí.
Netanyahu está apoyado por un bloque de derecha y religioso que suma 54 diputados.
Gantz tiene el apoyo de 55 legisladores pertenecientes a formaciones de centro-izquierda y también de diputados árabes, aunque éstos no integrarían su ejecutivo.
Aunque no lograron formar gobierno, Netanyahu y Gantz podrían recibir otra vez el encargo de hacerlo, y ello abriría la vía a nuevas negociaciones.
Temprano este jueves, Netanyahu había invitado a Gantz a entablar negociaciones directas «sin condiciones previas», para «formar juntos un gobierno de unión».
Pero antes de que Netanyahu fuera inculpado, Gantz dijo rehusar compartir el poder con alguien que sea imputado.
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