El Consejo de Ministros no abordará hoy la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por Jorge Fernández Díaz, que prevé multas de hasta 600.000 euros por manifestare en el Congreso. La Ley de Seguridad Ciudadana que ha impulsado Jorge Fernández Díaz no será aprobada hoy en el Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido posponer la tramitación del anteproyecto ya que, tal y como explican fuentes del Ministerio de Interior citadas por Efe, todavía falta ultimar algunos detalles en el borrador de esta iniciativa.
Lo cierto que es la polémica que ha generado esta norma, rebautizada en las redes sociales como ‘Ley Anti 15M’, puede haber influido en la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de posponer la aprobación para revisar alguno de los puntos más polémicos. Ya ayer el presidente adelantaba en una entrevista en RNE que lo más probable es que el texto se llevara al Consejo de Ministros de la semana que viene.
La norma impulsada por Interior pretende acabar con las protestas frente al Congreso y otros organismos estatales, ya que prevé multas de hasta 600.000 euros a quienes convoquen concentraciones de este tipo a través de Twitter o Facebook. Asimismo, insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa “grave” y podrá sancionarse con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa.
Otro de los puntos polémicos es el que habla del uso y distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad su familia o que puedan poner en riesgo una operación. La ley tipifica estos casos como una infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos, como misas, también se considerarán infracciones “muy graves”, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear o un aeropuerto. Además, participar en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado será considerado también como infracción grave.
