Los afectados por la hipoteca acusan al Gobierno de tratar de “restringir el derecho a la libertad de expresión” de los ciudadanos. “Vamos a seguir como hasta ahora”. Así de tajante se ha mostrado el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, en declaraciones a elboletin.com, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior que impedirá, entre otras cosas, los escraches y protestas ante el Congreso.
Los afectados por la hipoteca no se van a amedrentar ante Jorge Fernández Díaz y su anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que, previsiblemente, se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. “Muestra la cara más autoritaria del Gobierno”, denuncia Rafael Mayoral que también carga contra el “grave problema con la democracia” que tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Para el asesor jurídico de la PAH esta norma no tiene “ni pies ni cabeza” y trata de “restringir” los derechos de los ciudadanos como su libertad de expresión. Por ello, los afectados lo tienen claro: seguirán con sus actividades como hasta ahora, ya que lo peor que podrían hacer es dar su brazo a torcer ante medidas como la del ministro del Interior.
Asimismo, Mayoral ha asegurado que la legalidad de esta Ley de Seguridad Ciudadana “es más que cuestionable”, ya que, como ha insistido, limita los derechos ciudadanos. De ahí, que vayan a estudiar “si es legal”.
Para la PAH iniciativas como la de Fernández Díaz demuestran el “miedo del Gobierno” a las manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en los últimos meses ante los constantes recortes impulsado por el PP. Una forma de gobernar que para Mayoral únicamente responde a “intereses capitalistas”.
Hay que recordar que esta Ley prohíbe, entre otras cosas, los ‘escraches’ o actos de acoso a cargos públicos y contempla que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad en casas de políticos. Sin olvidar, una multa por infracción muy grave que podría ascender hasta los 600.000 euros.
Además de los ‘escraches’, se prohíben las concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, así como en centrales nucleares y pistas de aeropuertos.
