El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha sido citado por el Tribunal Supremo mañana para declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación en relación con la causa abierta para investigar los crímenes durante el franquismo. Manos Limpias presentó la denuncia.
El sindicato Manos Limpias le atribuye un delito de prevaricación, que supone dictar resoluciones injustas a sabiendas de que los son, al entender que el juez se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sabiendo que no lo era.
La denuncia, a la que se sumó posteriormente la asociación Libertad e Identidad, fue admitida a trámite el pasado 27 de mayo por unanimidad de los cinco magistrados que componen la Sala de causas especiales en la que recayó el caso. La Fiscalía se posicionó entonces en contra de la decisión y a favor del archivo de la misma por entender que las decisiones de Garzón, aunque pueden merecer opiniones contrapuestas, no suponen delito.
En aquel momento, el magistrado de la Audiencia Nacional recurrió la decisión del Supremo en un escrito en el que calificaba la querella del “sindicato franquista” de “burda represalia” por haber rechazado una denuncia contra Santiago Carrillo.
El Alto Tribunal rechazó el recurso en un auto publicado el 17 de junio. Este auto explicaba que existen indicios de que la investigación sumarial realizada por Garzón, hasta que se inhibió de la causa el pasado 18 de noviembre en favor de diversos juzgados territoriales, “se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que no está vigente ni se investiga (…) y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación”.
La citación de Garzón se produce un día después de que la Comisión Internacional de Juristas expresara mediante un comunicado su preocupación ante esta investigación y recordara que “los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto”. La Comisión afirmaba haber informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas.
El auto de admisión a trámite del Supremo lo firmaron el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo quienes eligieron al juez Luciano Varela para instruir la causa. Varela, del bloque progresista, fue ponente en la resolución de otra querella contra Garzón presentada por dos abogados por cobrar de una universidad de EEUU, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que archivó el Alto Tribunal al no apreciar indicios de delito.
