Los ‘años dorados’ de la corrupción

En el último cuarto de siglo proliferaron tramas de corruptelas políticas, financieras y empresariales que ahora están en manos de la Justicia. Los escándalos financieros y empresariales, junto a los derivados de irregularidades en la financiación de los partidos, han acaparado la atención de la opinión pública y han acabado eternizándose en los tribunales durante este último cuarto de siglo, un binomio de corrupción que ha ido socavando la confianza de los ciudadanos en la clase política.
 
Los entramados de empresas que intercambiaban con dirigentes políticos favores por dinero relevaron en los titulares a Rumasa, Nueva Rumasa, Fórum Filatélico, Gescartera o Banesto y han colocado a empresarios como Francisco Correa o Pablo Crespo en el ranking de corrupción que antes habían encabezado con dudoso honor personajes como José María Ruiz Mateos o Mario Conde, pero además han dejado ilustres cadáveres políticos por el camino, especialmente en el PP. ‘Pesos pesados’ que lo habían sido todo en el partido, como Rodrigo Rato, Jaume Matas, Carlos Fabra o Francisco Granados, por poner sólo algunos ejemplos.
 
Dirigentes del Partido Popular que habrían comenzado a enriquecerse supuestamente de manera ilícita después de la llegada de José María Aznar a La Moncloa a mediados de la década de los 90.
 
El hecho de que el presidente de Baleares, Jaume Matas, se convirtiera en el segundo mandatario autonómico que diera con sus huesos en la cárcel (antes que él sólo el presidente navarro cumplió pena de prisión) marcó un antes y un después en el ‘calvario’ por los casos de corrupción que sufre el partido con sede en la calle Génova, ya que no se descarta que el presidente balear y exministro de José María Aznar vuelva a la cárcel al tener varias causas judiciales abiertas.
 
Otro histórico dirigente popular, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra, también ingresó en la prisión de Aranjuez en noviembre de 2014 para cumplir una pena de cuatro años por defraudar casi 400.000 euros a Hacienda, aunque en la actualidad cumple su condena en régimen de tercer grado.
 
Bárcenas: del ‘caso Gürtel’ a la ‘caja b’ del PP
 
Pero la página más negra en el PP, que aún no está cerrada, es la escrita por Luis Bárcenas, el hombre que controló las finanzas de la formación durante el aznarismo y hasta el año 2010, cuya investigación se inició tras salir a la luz los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ que recogían una supuesta una contabilidad B del PP (es decir, no declarada a la Hacienda Pública), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro en sobres a los dirigentes del partido.
 
A la vista de estas informaciones, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, abrió una pieza separada del ‘caso Gürtel’ -en el que está imputado Bárcenas- para investigar la supuesta contabilidad ‘b’ de los ‘populares’ que Génova niega reiteradamente.
 
El extesorero, que llegó a ocultar en Suiza una fortuna millonaria procedente presuntamente de la apropiación de fondos del Partido Popular, sigue siendo una espada de Damocles para el partido y, sobre todo, para Mariano Rajoy ante la posibilidad, más que anunciada, de que ‘tire de la manta’. Tanto es así que el presidente del Gobierno, tras salir a la luz unos SMS que le envió a Bárcenas animándole a ‘ser fuerte’ después de que fuera imputado en el ‘caso Gürtel’, se vio obligado a comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.
 
En el verano de 2013 el extesorero ingresaba en prisión en régimen provisional para evitar que destruyera pruebas y en enero de 2015, salía de la cárcel. Este año se sentaba en el banquillo de los acusados junto a la larga lista de imputados en el ‘caso Gürtel’, con Francisco Correa y Pablo Crespo a la cabeza. El proceso judicial continúa.
 
‘Operación Púnica’
 
Otro de los casos más sonados de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años es la ‘Operación Púnica’, que destapó una enorme trama de favores políticos a cambio de pagos y comisiones ilegales y que salpicó directamente al corazón del PP de Madrid. Entre los cabecillas de esta supuesta trama se encuentra el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Presidencia y exsecretario general de los ‘populares’ madrileños, Francisco Granados. Fue detenido en octubre de 2014 y continúa en prisión.
 
La investigación sobre esta red de comisiones ilegales no se quedo ahí y poco a poco fueron saliendo más nombres relacionados con el PP madrileño, llevándose por delante a importantes cargos de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aunque su presunta relación con la trama se produjo antes de llegar al Ejecutivo autonómico. Es el caso de Daniel Ortiz Espejo, señalado por su gestión como alcalde de Móstoles y que renunció a su escaño de diputado regional tras ser imputado en la causa. Otro alto cargo de Cifuentes que dimitió como consecuencia de la investigación fue Carlos López Jimeno, exdirector general de Industria, Energía y Minas.
 
Además, están bajo sospecha Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y número tres de Cifuentes a quien el presunto cerebro de la trama David Marjaliza acusa de quedarse con un tercio de las presuntas ‘mordidas’. También el exalcalde de Alcalá de Henares y diputado regional Bartolomé González.
 
La detención de Rato
 
Sin embargo fue la ‘caída en desgracia’ de Rodrigo Rato el caso más mediático y el que más daño ha hecho a la imagen del PP, dado que el exvicepresidente del Gobierno se había convertido en el símbolo del ‘milagro económico’ que la derecha atribuía a Aznar. En la retina de todos ha quedado la imagen del exdirigente del PP entrando en un coche policial con la mano de un agente sobre su cabeza.
 
El cerco de la justicia se estrechó en torno al que fuera expresidente de Bankia y exdirector gerente del FMI tras la investigación sobre la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada y sobre el uso de tarjetas ‘black’, causas que lleva la Audiencia Nacional.
 
A éstas se une una tercera causa, sobre los negocios particulares de Rato, puestos bajo sospecha tras conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal -puesta en marcha por Cristóbal Montoro nada más llegar al Ministerio de Hacienda- y que había ocultado dinero al fisco a través de sociedades en paraísos fiscales. Una investigación en manos del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
 
Caso Pujol
 
La Comunidad autónoma de Cataluña merece un capítulo aparte. El 25 de julio de 2014  el expresidente de la Generalitat provocó una verdadera conmoción  al reconocer en un comunicado que había ocultado durante 34 años a la Hacienda Pública su fortuna en el extranjero, que él achacaba a una herencia familiar. No obstante la procedencia de este dinero, que no ha quedado clara, provocó que su gestión al frente del Gobierno catalán y el papel histórico del que fuera ‘Molt Honorable’ fuesen puestos en entredicho.
 
La investigación sobre la procedencia del dinero del ‘clan’ Pujol continúa salpicando también a sus hijos. Oriol Pujol, por ejemplo, fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona en el conocido como caso de las ITV, y dejó sus cargos en Convergència. Por su parte, Oleguer Pujol fue detenido durante unas horas mientras se registraban sus empresas y está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
 
Todo esto, y más, han puesto en jaque a una de las familias (políticas) más importantes de Cataluña.
 
Gescartera
 
Tampoco hay que olvidar el caso Gescartera, uno de los mayores escándalos financieros de los últimos 25 años en España. La agencia de valores fue intervenida por la CNMV en el año 2001 tras la ‘desaparición’ de unos 20.000 millones de las antiguas pesetas de sus clientes, dejando atrapados a miles de ahorradores, entre ellos ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas.
 
Seis años después, la Audiencia Nacional dictaba sentencia tras constatar la existencia de una estafa en la que se habían desviado fondos de los ahorradores para hacer uso de ese dinero como si fuera propio. Para ello se simulaban operaciones con una contabilidad paralela que reflejaba operaciones que no existían.
 
El tribunal condenó a Antonio Camacho, dueño de Gescartera a 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental. Por los mismos delitos fue condenada a tres años y seis meses de prisión la ex presidenta de la agencia de valores, Pilar Giménez Reyna, hermana del exsecretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna,que tuvo que dimitir por este motivo.
 
Estafas piramidales
 
Otras tramas que atraparon a más de 300.000 ahorradores fueron las de Fórum Filatélico y Afinsa, unas estafas piramidales de sellos. En el caso de Fórum, según el Ministerio Fiscal, desplegó “durante años” una actividad de captación masiva de fondos en todo el territorio nacional mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias.
 
Fórum ‘vendía’ a sus clientes que los intereses que se les pagaban derivaban de la revalorización de los sellos que asignaba a sus contratos, cuando en realidad los abonaba con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente.
 
Cuando la sociedad fue intervenida, Fórum había captado más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores a través de 393.000 contratos. Sin embargo, carecía de patrimonio para devolver esas aportaciones, dado que su mayor activo era la filatelia, “que valoraba libremente a través de unas listas propias cuyos precios incrementaba sistemáticamente cada trimestre cuando en los catálogos filatélicos era 11 veces menor y en el mercado real” casi nulo. Este proceso continúa en los tribunales.
 
El que sí ha concluido es el caso de Afinsa. Este mismo año, la Audiencia Nacional condenaba a 11 de los 13 exdirectivos de la sociedad por la estafa con la compraventa de sellos que hace una década dejó un agujero de 2.574 millones de euros y afectó a más de 190.000 inversores.
 
El ‘caso de los ERE’
 
El PSOE tampoco se ha librado de escándalos de corrupción. El más sonado ha sido el llamado ‘caso de los ERE’, que estalló a partir de una investigación en la empresa  Mercasevilla en la que se detectaron prejubilaciones supuestamente fraudulentas.
 
Fue entonces cuando la Justicia descubrió que se había incluido a falsos prejubilados en los Expedientes de Regulación de Empleo de empresas que habían recibido ayudas de un fondo de la Junta de Andalucía.
 
En esta causa están imputados dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que renunciaron a su escaño y a todo cargo de responsabilidad en el PSOE tras ser acusados de prevaricación y asociación ilícita.