El portavoz del PP de Cifuentes afirma que los gastos de 100 millones de euros se realizaron, ya que existe un edificio y las conducciones subterráneas previstas para el complejo. En medio de Valdebebas se encuentra solitariamente el único edificio de los 14 que iban a constituir el ansiado Campus de la Justicia que tanto deseó la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre e Ignacio Aguado. Un proyecto venido a menos y desértico que se ha llevado por delante ya alrededor de 100 millones de euros, según los cálculos del actual Gobierno de Cristina Cifuentes.
Un gasto que ha sido objeto de debate en la Asamblea de Madrid. En ella, los grupos de la oposición han determinado remitir al fiscal un informe de conclusiones donde ven motivos suficientes para elevar a la Fiscalía las múltiples irregularidades en la gestión de dinero público, que cifran en hasta 140 millones de euros. “Se perciben irregularidades importantes en la gestión del dinero público”, ha sentenciado el PSOE.
No obstante, el Partido Popular ha plantado batalla en la comisión de investigación rechazando remitir dicho informe al ver en esto que no se ha reflejado “ninguna clase de delitos”, sino “cuestiones administrativas y consideraciones generales” sobre la “oportunidad” del Campus de la Justicia y sobre “gastos”, desde una perspectiva “postcrisis”, tal y como ha recogido Europa Press.
Es más, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ossorio, ha justificado el trabajo que se ha hecho en el proyecto, a pesar de las numerosas críticas de derroche: los 100 millones de euros se entienden con la construcción del edificio y las conducciones subterráneas previstas para el complejo que se han construido.
Sin embargo, Ossorio ha lamentado que no se llevase a cabo el proyecto porque contemplaba la construcción de “edificios interesantes” que, a su juicio, podrían haber sido un “atractivo turístico”, aunque entiende que se diseñó cuando el presupuesto de la Comunidad de Madrid “crecía en dos dígitos todos los años”.
A pesar de que el portavoz del Gobierno de Cifuentes ha tasado lo construido en 100 millones, el único edificio en pie (el Instituto de Medicina Legal) tuvo un coste de 21,4 millones de euros. Y como publicó el año pasado El País, esta infraestructura perdió en apenas dos años un 20% desde su finalización en abril de 2010 situando el coste, a precio de mercado, en los 18,5 millones.
Un despilfarro en el que la Comunidad de Madrid inyectó a Campus de la Justicia, una firma 100% del Gobierno regional y creada para levantar esa megaciudad, un total de 130 millones de euros y que cerró en julio de 2014 sin cumplir ninguno de sus objetivos, más allá del Instituto de Medicina Legal. Al cierre de la sociedad, ésta dejó apenas un patrimonio neto de 25 millones de euros.
Los 105 millones gastados, que hoy ha minimizado el PP, han ido a parar a un saco roto sin fondo ni provecho, como recogió El País: “El dinero se ha gastado en auditorías (70.000 euros); en abogados; en gestorías que cobraban por minuto de trabajo cuando solo quedaban dos trabajadores; en resarcir diseños de proyectos arquitectónicos no consumados (por ejemplo, el del británico Norman Foster, al que ha habido que abonar 10.6 millones del total de 13 millones que reclamó por proyectar dos idílicos edificios judiciales de los doce ideados); a constructoras que habían suscrito contratos para (salvo una) acometer obras no realizadas, 27.327.413 euros; 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretadas por jueces tras pleitos con la Comunidad; 11.4 millones por rescisiones anticipadas de contratos; dos por pago de intereses y al menos otros cuatro por lucro cesante”.
En definitiva, un proyecto que incluiría 14 edificios y cuyo coste estaba tasado en 500 millones y que varios años después únicamente tiene un edificio y un despilfarro de 100 millones de euros.
