Ocho grandes capitales españolas experimentan la política de confluencia popular con una cadencia común en la lucha contra los desahucios, la auditoría de la deuda, el aumento del gasto social y el acento sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Cerca de siete millones de ciudadanos españoles son vecinos de capitales cuyos consistorios se han dado en llamar los “ayuntamientos del cambio”. El hartazgo ante las inclemencias de la crisis moldeó en las pasadas elecciones municipales a candidaturas de unidad popular que tomaron el impulso de los movimientos sociales y las plataformas ciudadanas; a pesar de ser, en buena medida, producto de coaliciones de partidos al uso. Ganaron tres de las cinco más grandes (Madrid, Barcelona, Zaragoza), instalaron dos bastiones en Galicia (Santiago de Compostela y La Coruña), uno más en Badalona y un feudo andaluz, Cádiz. La confluencia de siglas también funcionó en la tercera ciudad española por tamaño: un alcalde de Compromís, partido coalición, gobierna Valencia en un consistorio también integrado por PSPV y Valencia en Comú.
Aterrizaron en los despachos mitad héroes mitad villanos: de mayo a julio cientos de acólitos vitoreaban la hazaña mientras los temerosos de lo nuevo clamaban tras el visillo sobre el caos inevitable. Pero no se rompió nada. El lazo gobernante-gobernado permanece invariable en su esencia, la rutina del poder municipal se ha impuesto a los mitos y furias. Ha sido un cambio, que no ruptura. El estilo de los recién llegados fue cuanto menos una nota de color sobre un fondo sepia. Pero ‘viejos’ y ‘nuevos’ están obligados a dialogar y a escenificar en el mismo salón los mejores pasos de sus bailes dispares. Estos son algunos de los enclaves comunes de los ediles del cambio en un camino que está cerca de cumplir medio año.
Primera parada: desahucios y emergencia social
Entre la expectación ante ediles sin corbata, alcaldesas en bicicleta y miembros de los nuevos consistorios que declinan buena parte de los actos religiosos tradicionalmente asociados a la toma de posesión, plataformas y mareas trataban de cumplir una promesa básica: poner en marcha un plan de emergencia social. Desterrar los desahucios, abrir comedores escolares en verano. Carmena y Colau se apresuraron a pedir a los bancos las viviendas sin uso para destinarlas al alquiler social o convertirlas en alternativa habitacional para los desahucios inevitables.
Más tarde, la alcaldesa de Barcelona llegó a imponer 12 multas de 5.000 euros a entidades bancarias que tenían pisos vacíos desde hacía más de dos años. El alcalde de Valencia prohibió a la Policía Local acudir a los desahucios en un esfuerzo por erradicarlos en la ciudad. Los alcaldes de las mareas gallegas declararon la guerra al mismo problema y pocos días después de la toma de posesión, el alcalde de Cádiz trató de impedir un desahucio presencialmente. La medida más común en estas capitales ha sido asegurar alternativas habitacionales para las familias cuyos procesos de desahucio se encuentran en una fase judicial irreversible.
Auditoría de la Deuda
Otro gran emblema de los nuevos consistorios es la determinación por señalar quién vivió realmente por encima de sus posibilidades. Ahora Madrid, la formación liderada por la jueza Manuela Carmena, trata de entender cómo la primera ciudad española es también capital de la deuda, con más de 5.800 millones en el ‘debe’ del Ayuntamiento. Madrid multiplica por seis las obligaciones de la siguiente capital más endeudada, Barcelona, que mantiene unos 870 millones de euros de deuda municipal.
El concejal económico de Madrid, Carlos Sánchez Mato, hizo saltar las alarmas al afirmar que consideraba “ilegítima” hasta el 80% de la deuda capitalina. Rápidamente hubo de aclarar: todo se pagaría, pero el consistorio llevaría adelante una auditoría a largo plazo, sin coste adicional para los ciudadanos, enfocada a determinar qué cargas son lesivas para la ciudadanía. Poco a poco, el área económica ha ido publicando datos que cuestionan la gestión económica del PP de Ana Botella y Gallardón: los costes de las cláusulas suelo se quedan con 1 de cada 4 euros en gasto financiero de la capital; los gastos de gestión de los túneles de la M-30 suman ya 502 millones de euros, una losa innecesaria según Ahora Madrid.
Está por ver, sin embargo, que todos estos ejemplos se traduzcan en búsqueda de responsabilidades, más allá de la denuncia sobre el derroche municipal.
Prácticamente todas las capitales quieren dar a conocer las cuentas y valorar, con la ciudadanía como cómplice, la legitimidad de las cargas heredadas. Otro caso emblemático es el de Zaragoza, con una deuda superior a los 800 millones de euros resultante de descubrir, mediante una auditoría interna, unas obligaciones ocultas por valor de 110 millones. Sin embargo, el equipo de Zaragoza en Comú sostiene que realizará, paralelamente, un examen ciudadano.
La revisión de las cuentas fue también un compromiso de Joan Ribó, alcalde de Valencia, para radiografiar los más de 800 millones de euros que debe la capital levantina. En Cádiz, los 275 millones de deuda heredados del PP de Teófila Martínez mantienen al consistorio en un frágil equilibrio y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a insinuar una intervención de las cuentas del consistorio, ahora en manos de José Manuel González ‘Kichi’, que no se ha materializado. El alcalde gaditano se ha comprometido a publicar todos los datos relativos a la deuda para que un “jurado popular” pueda valorar su legitimidad, aunque sin dejar de pagarla.
Superar el límite de gasto pero mantener el superávit
Al menos tres de las grandes capitales, Madrid, Valencia y Barcelona, incumplirán en 2015 y 2016 el tope de gasto impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y tampoco Zaragoza lo cumplirá para el presente ejercicio. Sin embargo, mantendrán el objetivo de déficit al sostener el saldo positivo en las arcas. Son las conclusiones del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las corporaciones locales.
Aunque la tendencia es la misma en otros consistorios como Málaga o Sevilla, los ayuntamientos citados advirtieron del cambio de paradigma: Madrid pagará más lentamente su deuda y priorizará el gasto social, que crece un 24% de un año a otro. Ada Colau ha previsto un crecimiento generalizado de todas las partidas sociales en Barcelona para 2016, que se financian gracias a una mayor recaudación de impuestos. También Xulio Ferreiro, alcalde de la Coruña por la Marea Atlántica, ha anunciado menor contención del gasto en el plano social.
En general, los nuevos consistorios gastarán más y aumentarán la recaudación. Es un aspecto clave para los cálculos del ministro de Hacienda, que dependen en buena medida del superávit de ayuntamientos tan voluminosos como el de Madrid. La capital dejó el pasado año más de 1.300 millones en positivo. Barcelona y Valencia cerraron 2015 con 204 y 133 millones de saldo a favor. Aunque el gasto será mayor, la propia AIReF señaló que los municipios estaban en condiciones de repetir el balance positivo, aunque es probable que con un margen menor.
Movilidad y Medio Ambiente
Las grandes urbes en manos de plataformas y mareas se han propuesto priorizar la lucha contra la contaminación y evolucionar hacia modelos de ciudades más saludables, inclusivas y sostenibles. El pasado mes de octubre buena parte de sus responsables de área se dieron encuentro en Barcelona para cerrar un manifiesto “por el derecho a la movilidad”, haciendo hincapié en el cambio de concepción sobre la forma de moverse en las grandes urbes.
Como en tantos otros momentos, el equipo de Ada Colau lideró esta iniciativa para poner sobre la mesa la necesidad de enfrentarse al lobby del vehículo para conseguir que haya menos coches en las ciudades La primacía del transporte público y los vehículos eléctricos son las iniciativas más apoyadas por las áreas de Medio Ambiente de las nuevas alcaldías.
