Cifuentes derogará la ley de Aguirre que facilitaba la privatización de los servicios no sanitarios

Comunidad de Madrid

Cifuentes derogará la ley de Aguirre que facilitaba la privatización de los servicios no sanitarios

Cristina Cifuentes junto a Esperanza Aguirre

La Consejería de Sanidad de Madrid ha confirmado que derogará esta ley que afecta a servicios administrativos, de limpieza y de comedor, entre otros. El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Cristina Cifuentes, va a derogar una ley creada por la expresidenta Esperanza Aguirre que permitía la extinción de los servicios no sanitarios de los hospitales y facilitaba su privatización. “La Consejería de Sanidad ya nos manifestó su apoyo a la Sanidad pública en la primera reunión de la legislatura”, han asegurado desde CCOO a ElBoletin.com.

La Consejería de Sanidad ha asegurado por escrito a CCOO -y ha confirmado a este medio- que incluirá la derogación del artículo 13 de la ley 4/2012, “que declaraba a extinguir 26 categorías de personal no sanitario y la privatización de los servicios no sanitarios”, según ha explicado el sindicato a través de un comunicado.


Así, servicios administrativos, de limpieza y de comedor, entre otros, se mantendrán en manos públicas, tal y como pedía la Marea Blanca este mismo martes –antes de haberse hecho pública la noticia- a través de la página Change.org.

La Plataforma defensora de la Sanidad pública ha señalado que esta norma ya se venía aplicando “en su versión suave”, ya que actualmente se encuentran privatizados servicios de lavandería, almacenes, historias clínicas o mantenimiento, entre otros. En estos servicios “se despide y se deja de cubrir personal, lo que conlleva que sus funciones las realicen empresas privadas que ni siquiera participan en concursos públicos”, han explicado.

Sobre este asunto ha sido preguntada la Consejería de Sanidad, que ha confirmado estas informaciones a ElBoletin.com, pero ha declinado explicar si los servicios que han pasado a ser de gestión privada en la última legislatura volverían a manos públicas a partir de 2016.

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