El Partido Popular ha aprobado el solitario el Código Penal de la prisión permanente revisable sin el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Este viernes, el Partido Popular (PP) ha aprobado en solitario el proyecto de Código Penal, que incluye: la prisión permanente revisable, las donaciones ilegales a partidos políticos, la explotación sexual de animales y reduce las penas de cárcel para los piquetes de las huelgas. A pesar de que todos los grupos parlamentarios han cargado en contra de la “cadena perpetua revisable”, una vez más el PP ha vuelto a imponer su mayoría absoluta en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dictaminado a favor del PP.
Como muestra de rechazo, los partidos que conforman la Izquierda Plural –Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Chunta Aragonesista (CHA)- se han mantenido al margen de la votación al ser «un trágala y un Código Penal de excepción», según han descrito.
Este proyecto de Código Penal incluye, por primera vez en España, la prisión permanente revisable, que establece una revisión cuando se cumplan entre 25 y 35 años de la condena. José Miguel Castillo Calvín, diputado del PP, ha querido asemejarse a sus países vecinos de la Unión Europea y ha alegado que España es “de los pocos europeos sin este sistema, con el que ya cuenta Alemania o Reino Unido”, ha explicado el diputado. El partido de derechas ya incluía en su programa electoral la prisión permanente revisable, y ha renunciado a las medidas de seguridad para presos de especial peligrosidad planteadas por el antiguo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Antecedentes corruptos
A partir de ahora, el Código Penal dificulta el acceso a la libertad condicional de los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fijando la cuantía en 00.000 euros para imponer la cárcel por financiación ilegal. A excepción de los casos de extranjería que entonces será de 100.000 euros, manteniendo el límite en 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.
Además, se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de activos procedentes del delito y se reduce la pena de cárcel a quienes dificultan o impiden el ejercicio de huelga y a los piquetes, que seguirán teniendo castigos más duros cuando actúen con violencia.
La norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Además, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales. Se castiga con multa a quienes maltraten cruelmente a los animales en peleas de gallos o perros, pero no a los organizadores de estos combates, cuestión criticada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que advierten de que la “explotación sexual de animales” no es lo mismo que penalizar cualquier «abuso sexual» a un animal, es decir, a modo de ejemplo ilustrativo la explotación de mujeres o niños conlleva un «negocio» o ánimo de lucro.
Nueva normativa
Este cambio en la normativa aún está pendiente de ratificación por el Pleno de la Cámara Baja y por el Senado. El cambio incluiría la reducción en las penas de cárcel a quienes «mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga». Por lo que, las penas pasan de una horquilla de seis meses a tres años y medio vigente actualmente, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Al mismo tiempo, las cuantías de las multas por este comportamiento se mantienen, pero se hace incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez deberá elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga. Las medidas sobre el terrorismo se aprobarán en una ley orgánica aparte de forma urgente tras el pacto de Estado alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, que tiene la voluntad de incorporar al máximo número posible de grupos parlamentarios. El Pleno del Congreso enviará previsiblemente el Código Penal al Senado el próximo 21 de enero, según ha informado Europa Press.
