La patronal abre expediente al presidente de Cepyme ante las sospechas de fraude, mientras que elude actuar sobre Fernández, salpicado por pagos en negro y por el ‘caso Bankia’. La CEOE ha decidido, según desvela El Mundo, abrir expediente informativo a uno de sus vicepresidentes y presidente de Cepyme, Jesús Terciado, ante las sospechas de un supuesto cobro de 110.000 euros al año como consultor por medio de empresas de su propiedad. Un procedimiento que ha puesto en jaque a Terciado, pero que ha servido también para escenificar la ‘impunidad’ con la que cuenta en la patronal Arturo Fernández.
A pesar de que el propio presidente de las pymes reconoció ante la cúpula de la patronal que facturó a través de sus empresas a Cepyme en concepto de consultoría, según señala el mencionado diario, la CEOE ha decidido indagar y pedir un informe sobre los cobros de Terciado y la denuncia judicial presentada contra él.
Una investigación que contrasta con el apoyo del también vicepresidente de la CEOE y líder de CEIM, Arturo Fernández, quien ha trasladado el respaldo de la patronal madrileña a Terciado y ha señalado que son los denunciantes “los que tienen que explicarse”.
Da la casualidad que Fernández también se está viendo salpicado por multitud de polémicas. Eso sí, estas no han provocado que la CEOE haya puesto en tela de juicio su profesionalidad. Tal es así, que el presidente de la patronal, Juan Rosell, le ha defendido públicamente ante las acusaciones de pagos en negro a sus trabajadores.
«De vez en cuando todos, a veces, tenemos multas de tráfico o de alguna inspección fiscal que dice que en vez de pagar lo que has pagado tienes que pagar el doble”, afirmó en su día el líder de los empresarios españoles.
Asimismo, Arturo Fernández está relacionado con el ‘caso Bankia’ y ha visto cómo hace apenas unos días la Sección tercera de la Sala de lo Penal rechazaba su recurso de apelación para que se archivase su imputación en este proceso por su participación en el consejo de esta entidad.
El presidente de CEIM está imputado, junto a otros 32 exmiembros del consejo, por supuestos delitos de falsedad, administración desleal, maquinación para el precio de las cosas, apropiación indebida y administración desleal en la fusión y salida a bolsa de Bankia.
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