Según el Ejecutivo, el proceso es “de carácter organizativo y productivo, consecuencia del proceso de integración societario de las empresas embotelladoras, así como en un descenso del volumen de pedidos”. El Gobierno se ha escudado en la normativa vigente para no haber intervenido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planteó Coca-Cola Iberian Partners y que ha afectado a 1.190 trabajadores y que conlleva el cierre de las plantas de Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante.
Así lo recoge Europa Press, que lo deduce de las respuestas parlamentarias que el Ejecutivo ha enviado al diputado del PSOE Rafael Simancas, a los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alberto Garzón y Gaspar Llamazares, y al portavoz de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví.
En dichos textos, el Ejecutivo asegura que según la reforma laboral de 2012, “el papel de la Autoridad Laboral en los procesos de ERE es vigilar la información y documentación suministrada por la empresa tanto a la propia Autoridad Laboral como a la representación de los trabajadores, en orden a garantizar que estos últimos tengan un adecuado conocimiento sobre las causas que originan el procedimiento y sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias”.
Además, el Gobierno ha recordado que el fenómeno de las reorganizaciones esta cada día más presente en la dinámica empresarial para conseguir mayor rentabilidad o para posicionar los productos mejor en el mercado. Ha añadido también que las causas de Iberian Partners parra justificar el ERE son “de carácter organizativo y productivo, consecuencia del proceso de integración societario de las empresas embotelladoras, así como en un descenso del volumen de pedidos y producción del 14%”.
Lo que no ha convencido a la oposición, que recuerda que en 2013, ‘la chispa de la vida’ registró el año pasado 800 millones de euros de beneficios.
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