Rights International Spain inicia una campaña contra el “plan” del Gobierno de restringir la Justicia a los ciudadanos

La ONG denuncias las tasas judiciales y las reformas de la Ley de seguridad ciudadana, del Código Penal, de la Justicia gratuita, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial. La ONG Rights International Spain (RIS) comienza hoy la campaña #SinJusticia con la que pretenden denunciar e informar a la ciudadanía de las seis reformas judiciales del Gobierno de Mariano Rajoy que “restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia”.

Esta organización anuncia su campaña en su web y la justifica en que “es necesario conocer y denunciar esta situación” señalando que en su campaña se puede encontrar material (análisis jurídicos detallados y materiales divulgativos. para que “cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las diferentes reformas del Gobierno.

Y es que consideran que “no son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo y estudiado plan para dejarnos sin Justicia”.

Entre las reformas que critican desde Rights International figura la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que recuerdan que “ya ha sido calificada como ‘ley anti-protesta’ y ‘ley mordaza’ porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

También cuestionan la Reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno a la que consideran “muy criticable, primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son”.

Rechazan igualmente las tasas judiciales, ya que “parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales”.

No escapa de sus reproches el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) ya que advierten “supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho”.

En relación a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alertan que “a reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia”.

Y finalmente, critican que con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial” “Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos”, denuncian.

Rights International Spain (RIS) es una organización no gubernamental, independiente, no lucrativa, formada por juristas especializados en derecho internacional. Su objetivo principal “es la promoción y defensa de los derechos y libertades civiles a través de un uso eficaz del Derecho internacional de los derechos humanos y de los mecanismos nacionales e internacionales de protección”, según explican en su web.

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