Anticorrupción había pedido a la juez que enviase al Tribunal Supremo la pieza que afecta a los aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La juez Mercedes Alaya se opone a dividir la causa de los ERE. Así de claro lo ha dejado en un auto dado a conocer hoy, en el que rechaza la petición que lanzó la Fiscalía Anticorrupción hace una semana, cuando pidió que abriese piezas separadas por cada una de las ayudas investigadas para elevar al Tribunal Supremo la pieza que afecta a los aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La magistrada argumenta que aún quedan pruebas relevantes que debe investigar.
Junto a los expresidentes regionales también están afectados cinco exconsejeros de la Junta: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila. Al ser todos ellos aforados, sería el Supremo el que tendría que llevar esta causa, pero de momento Alaya ha preferido retener la causa.
En un auto fechado el pasado 31 de marzo, aunque se ha dado hoy a conocer, la juez ha respondido al Ministerio Público que “no ha lugar por ahora la división de la causa en diferentes piezas separadas”. Según recoge El País, Alaya ha reclacado que “debe hacerse hincapié” en que “no es este el momento de tomar decisión alguna” respecto a la división de la causa no sólo por razones procesales, sino porque aún quedan informes relevantes que investigar y que en su opinión son decisivos para la causa.
Como ejemplo la juez cita el informe de la Guardia Civil sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que afecta al diputado socialista José Antonio Viera; atestados sobre la agencia Idea (a través de la cual se pagaban las ayudas) y la Consejería de Innovación sobre el procedimiento de pago; informes de la Intervención del Estado sobre la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía; y un documento sobre las sobrecomisiones de la Dirección General de Seguros.
Sierra Norte de Sevilla
Poco antes de conocerse la negativa de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado a la juez que enviase al Supremo la causa vinculada al diputado Viera sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla. Esta comarca acaparó 30 millones de los 73 concedidos en ayudas directas a empresas, un 40% del total para Andalucía.
El Ministerio Público considera que “visto el extenso y detallado contenido del atestado” elaborado por la Guardia Civil, queda “ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero”, en alusión al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actualmente diputado por Sevilla en el Congreso.
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