Los «privilegios» de Cospedal a los cazadores vuelven a enfrentarla con los ecologistas

Las organizaciones ambientales temen que la nueva le pretenda potenciar a toda costa la rentabilidad económica de la caza y fomentar el turismo cinegético en Castilla-La Mancha. El anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de que se ha dado inicio oficial a la tramitación de una nueva Ley de Caza produce una honda preocupación en Ecologistas en Acción, según denuncia este colectivo en su web.

Esta organización denuncia que “a falta de un borrador que está todavía por publicarse, las manifestaciones de los responsables políticos de la Junta, como la Consejera de Agricultura y el portavoz del Gobierno, no hacen sino poner de manifiesto que lo que se busca con la pretendida modernización de la normativa no es otra cosa que potenciar a toda costa la rentabilidad económica de la caza y fomentar el turismo cinegético, sin reparar en los impactos que ello pueda tener en el medio natural, las especies y en el resto de usuarios del monte”.

Y se quejan de que “del anuncio del Gobierno Regional no se desprende ninguna intención de abordar los impactos que genera la caza y que cada día se están agudizando más debido a la desregulación y a la trabas a la vigilancia ambiental y a las sanciones que guían la política de la Consejería de Agricultura al respecto”.

Recriminando que “problemas como la proliferación de vallados, los cotos intensivos, la utilización masiva de trampas, legales e ilegales, para matar predadores, las prácticas abusivas y maltratadoras de animales, como el lanceo de jabalí o las tiradas de palomas y faisanes, el incremento de infraestructuras en el monte y la caza en épocas y zonas sensibles, son asuntos que no parecen preocupar en esta reforma normativa.

Ecologistas critica que Tampoco se considera la supeditación del ejercicio de la caza a los derechos del resto de usuarios del monte” y hace notar que “el sector cinegético castellano-manchego, liderado por Aproca, Atica y la Federación regional, está detrás del intento de que se priorice la caza sobre el resto de usos del monte, condicionando por ejemplo el acceso por vías públicas o solicitando que se cace más en espacios protegidos, y mucho nos tememos que la reforma de la ley vaya en esta dirección”.

Ecologistas explica que “de lo que se sabe hasta ahora del borrador de la ley preocupa especialmente que se dote de mayor libertad a los gestores cinegéticos y se eliminen requisitos administrativos para el ejercicio de la caza. Asimismo, será dañino para el medio natural que se faciliten con ayudas nuevas infraestructuras cinegéticas o que reduzca el tamaño mínimo de los cotos de caza mayor, que pasaría a ser de sólo 250 hectáreas, espacio sin duda insuficiente para albergar especies como el ciervo y el jabalí”.

Concluyendo que “ por el impacto que genera la caza, es necesaria una ley que garantice que la regule adecuadamente y favorezca una gestión sostenible, y eso no lo hace, ni en el fondo ni en la forma, la que promueve este Gobierno regional”.

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