Si hubiera estado vigente la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hubieran llegado a los tribunales casos como el de Blesa o Rato El Ministerio de Justicia que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón ha aprovechado el borrador de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para dar un ‘tijeretazo’ a la acusación popular e impedir que partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales usen este instrumento para “evitar su politización y utilización abusiva”. De salir adelante, ni Miguel Blesa ni Rodrigo Rato habrían ‘pisado’ los tribunales.
El que fuera alcalde de Madrid, ahora en las filas del Gobierno, quiere limitar la acción popular para que, según Europa Press, “nunca” pueda ser ejercida por instituciones públicas, partidos, sindicatos, fiscales, jueces, asociaciones de ambos colectivos u organizaciones empresariales. Incluso, “ni siquiera mediante personas interpuestas”.
El único que tendría este ‘honor’ sería el Ministerio Fiscal y no “otros entes y órganos públicos actuando como si fuesen particulares”, según el mencionado borrador que también prohíbe pedir fianzas que impidan el ejercicio de la acción popular, que “será siempre gratuita”.
Esta medida provocaría un importante vuelco en el mundo judicial, ya que hasta ahora sindicatos, asociaciones y partidos han hecho uso de la acusación popular para llevar ante los tribunales causas como la de Bankia, la del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa o el ‘caso de los trajes’.
Círculo de la impunidad
Las reacciones sobre este posible recorte a la acción popular no se han hecho esperar. La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, recordó el pasado viernes que, de salir adelante esta iniciativa, su partido no habría podido llevar a Bankia y a los responsables de las preferentes ante los tribunales.
Y es que, en su opinión, el Gobierno busca “cerrar el círculo de la impunidad”. Aunque no lo tendrá fácil, ya que Díez ha anunciado se opondrá con “uñas y dientes”.
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