El Alto Tribunal declara improcedente el ERE pero no obligará a la cadena a readmitir a los 861 trabajadores despedidos. El Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en mayo de 2013 consideró “no ajustado a derecho” , es decir, improcedente, el ERE llevado a cabo en el ente Radio Televisión Madrid (RTVM) y que supuso el despido de 861 trabajadores a principios del año pasado.
No obstante, el Alto Tribunal no obligará a readmitir a los trabajadores de Telemadrid, como reclamaban los sindicatos, sino solo elevar la indemnización a 45 días por año trabajado. De este modo, solo responde parcialmente a las reclamaciones de CCOO, UGT y CGT, que también solicitaban que el ERE se declarara nulo.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya había amenazado en varias ocasiones que si la Justicia anulaba el ERE no tendrían más remedio que cerrar el Ente Público al no poder afrontar los gastos, al igual que hizo en su día la Generalitat valenciana con el cierre de su canal autonómico.
Salvador Victoria, portavoz del Gobierno madrileño, valorará a las 14.30 horas el dictamen del Supremo. Hace unos minutos el PP de Madrid aseguraba en su cuenta de Twitter que el canal “seguirá adelante, es viable. Se indemnizará a los afectados por el ERE con la cuantía que la Comunidad ya les ofrecía”, una afirmación que ha provocado críticas porque lo que ofreció el gobierno regional fueron 20 días con un máximo de 12 mensualidades.
«Es viable una televisión pública ajustada a unos presupuestos austeros», ha añadido.
Los cientos de trabajadores concentrados frente al Tribunal Supremo han acogido la noticia con cierta decepción, algunos incluso entre lágrimas, después de que a las nueve de la mañana salieran en marcha desde la sede de la cadena madrileña hasta las puertas del tribunal para exigir justicia. El comité de empresa ha manifestado que se alegra del fallo del tribunal aunque hubiera preferido que el ERE se declarara nulo, tal y como se había solicitado en las demandas colectivas planteadas por la representación sindical.
La opción indemnizatoria conlleva abonar un montante total de unos 80 millones de euros entre todas las personas despedidas. Para CCOO es «una cifra desorbitada en un contexto de crisis como el actual y que debería hacer replantearse al Gobierno regional su decisión, teniendo en cuenta que este coste repercute sobre la ciudadanía. Por ello la representación sindical exigirá a la Comunidad de Madrid la readmisión de las trabajadoras y trabajadores despedidos».
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