Las organizaciones ecologistas denuncian que ley de justicia gratuita entorpece el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental. El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, supone un duro golpe para la defensa del medio ambiente en España”, según denuncian Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF en un comunicado.
En opinión de los principales grupos ecologistas, el proyecto de ley elaborado por Gallardón perjudica seriamente la capacidad de las ONG ambientales y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural.
Denuncian que “el proyecto de Ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo”.
Se quejan de que el texto de Gallardón dificulta a las ONG ambientales el poder beneficiarse de la gratuidad de la Justicia. “En cambio, sí que introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas del terrorismo puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales.”
Lo denunciarán ante la Comisión Europea
Además, señalan otras trabas a la defensa del medio ambiente que conlleva la norma de Gallardón, como el hecho de que a partir del tercer caso anual haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, “lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales en todo el territorio y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones”. Y recuerdan que “algunos de los ataques más graves contra el medio ambiente en España han podido ser llevados ante la Justicia gracias a la actuación responsable de las ONG ambientales que han velado por el interés público”.
Alertan que “el derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución y las directivas europeas, queda en entredicho
Y advierten que “si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONG ambientales denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental”.
