CCOO y UGT creen que es una petición propia de la dictadura franquista y la consideran “una vuelta de tuerca más en la cruzada del Gobierno contra las organizaciones sindicales”. CCOO y UGT consideran desproporcionado que el fiscal pida ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas de Airbus que durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 se vieron involucrados en un altercado con la Policía a las puertas de la factoría de Getafe.
Ambos sindicatos explican que esa es la pena que la fiscalía reclama en el escrito de acusación que ha remitido al Juzgado de Instrucción de la localidad madrileña, que ha decretado la apertura de juicio oral por seis delitos y siete faltas.
Tanto CCOO como UGT rechazan la desproporcionada petición “al considerar que se basa en imputaciones falsas, por ser tremendamente exagerada y por tratarse de una vuelta de tuerca más en la cruzada del Gobierno contra las organizaciones sindicales”.
Explican las dos centrales sindicales en un comunicado que el Juzgado de Instrucción de Getafe ha decretado la apertura de juicio oral contra los sindicalistas imputados por los hechos que ocurrieron a las puertas de la factoría durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Una decisión que es consecuencia de la presentación, por parte de la Fiscalía, de un escrito de acusación en el que formula la petición de ocho años y tres meses de prisión para cada uno de ellos e informan que esta misma mañana, los ocho delegados han recogido en el juzgado el auto del juez y el escrito de acusación del fiscal.
Los sindicatos cuestionan además la instrucción judicial “por haberse encaminado tan solo a perseguir a sindicalistas y haber pasado por alto la abusiva e ilegítima actuación de la policía, que no tuvo reparos en hacer uso de sus armas de fuego y que provocó una situación que se saldó con decenas de heridos”.
Y ponen de manifiesto que la petición de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados “rebasa con creces las penas que la Fiscalía reclama para los responsables de delitos mucho más graves. Tanto es así que, una petición de estas características, no tiene precedente alguno en nuestra democracia”, haciendo hincapié en que “para encontrar este tipo de condenas de cárcel habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista”.
Poe ello, los representantes sindicales no tienen ninguna duda de que la decisión del fiscal “tan solo puede haber sido impulsada por el Gobierno, que da un salto cualitativo en su particular cruzada contra los sindicatos”.
Rechazan la imagen que de este sindicalista dibuja el proceso judicial, “porque ni son matones, ni chorizos corruptos cercanos a la órbita del poder”. “Los sindicalistas de Airbus son gente honrada y entregada a la defensa de la clase trabajadora”, concluyen los sindicatos en su nota.
